domingo 20 de octubre de 2019 - Edición Nº3414

Provincia | 9 oct 2019

DATOS ESCALOFRIANTES

La lucha contra el narcomenudeo y el avance del narcotráfico: la pelea que instaló Axel Kicillof

La frase que lanzó el candidato a gobernador por el Frente de Todos con respecto a la venta de drogas de los sectores más empobrecidos generó un fuerte debate sobre si las políticas llevadas a cabo para terminar con estas organizaciones ilícitas están dando resultados. Hay números que lo ponen en dudas


La presencia del narcotráfico en el país constituye una problemática que atraviesa todos los ámbitos de la vida cotidiana. El narcotráfico constituye una actividad económica ilícita, con altos niveles de complejidad. En este entramado, el narcomenudeo se constituye en un componente necesario de este mercado ilícito, ya que se configura como el nexo entre las cadenas de distribución y los consumidores.

Fue el actual gobierno nacional el que decidió darles batalla a estas pequeñas organizaciones que trabajan particularmente en villas de emergencia y asentamientos, a través de la ley del narcomenudeo que está vigente en Buenos Aires, Córdoba, Chaco, La Pampa, Salta y en Entre Ríos.

Sin embargo, según cifras del Ministerio de Seguridad de la Nación, se multiplicó el narcotráfico: se duplicó el tráfico de cocaína, se triplicó el de las metanfetaminas y aumentó en un cincuenta por ciento el de marihuana. En forma paralela hubo alrededor de cien mil detenidos, entre ellos mujeres y chicos menores de treinta años. Solamente el dos por ciento fue condenado por venta de estupefacientes. 

Esta realidad fue la que puso en la mesa, con una clara intencionalidad política, el candidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof, quien aseguró que "ahora hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo". No obstante, no es un problema que le escapa a Kicillof, ya que los datos dan cuenta de que desde antes de que asuma el actual gobierno, no hubo gestión capaz de llevar una política concreta para bajar los números de venta de drogas en el país.

El estudio "La estrategia fallida. Encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en la Argentina", de Alejandro Korda, presentado en marzo de 2016, suma datos escalofriantes: 

  • La población en prisión por delitos relacionados con drogas se multiplicó en los últimos años: en 2002 había 3.271 personas en esa situación y en 2013 llegaron a ser a 6.979. 
  • Este crecimiento, del 113 por ciento, es muy superior al de la población general, que sólo fue del 39 por ciento en el mismo período.
  • Así, este tipo de delitos pasó a representar más del 10 por ciento de las personas en todas las prisiones del país. Este aumento coincide con la implementación de la reforma conocida como "desfederalización".

Esto se suma a los datos del último estudio de la Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina) de 2017, que indica que se triplicó el consumo de drogas ilegales respecto de 2010, mientras que no hay datos que permitan deducir que las grandes redes de narcotráfico hayan sido desbaratadas.

Defensa de la política contra el narcomenudeo

Desde el gobierno nacional y provincial defienden sus políticas contra el delito del narcotráfico y narcomenudeo y aseguran que "capturar a los narcos de los barrios hace posible un mejor abordaje en lo investigativo para golpear a la organización criminal en sus eslabones superiores".

Desde su gestión en la Secretaría de Seguridad, Cristian Ritondo (a fines de 2015), las distintas acciones concretas sobre el narcotráfico significaron casi seis toneladas de cocaína, más de medio millón de dosis de paco y 67 mil kilos de marihuana fueron incautadas, y 92 búnkers de drogas fueron derribados.

Datos nacionales

Según datos oficiales, entre 2015 y 2018, en el marco del programa "Argentina sin Narcotráfico", fueron decomisados 448.745 kilos de marihuana y 26.724 kilos de cocaína en diversos operativos a cargo de las fuerzas de seguridad.

Lo cierto es que el asunto de las drogas y la pobreza en la Argentina, desde 2001, crecen a pasos agigantados. Se trata de una crimen estructural en el país que merece un tratamiento multidisciplinario, más allá de chicanas proselitistas.

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