Por: Diego Lanese

El anuncio de un acuerdo entre los países miembros del Mercosur y la Unión Europea, una especie de tratado de libre comercio que se venía negociando hace más de veinte años, fue festejado por el gobierno nacional como un logro que tendrá impacto en la campaña electoral. Si bien durante este tiempo los negociadores trabajaron para llegar a un entendimiento, la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada potenció estas posibilidades, sumado a que en Brasil el presidente Jair Bolsonaro también se mostró predispuesto a la firma.

 

Pero más allá de los festejos, hay poca información sobre el impacto que tendrá el convenio, que debe ser ratificado por el Congreso. En este sentido, los primeros análisis fueron críticos respecto de las concesiones que otorgaron las naciones de la región en áreas específicas como salud, patentes o comercio. En tanto, los gremios encendieron las alarmas por la posibilidad de que el acuerdo impacte en la calidad del empleo en algunos sectores, ya que como advierten algunos especialistas, muchas actividades podrían ver resentido su potencial, o incluso desaparecer.

 

Las dudas sobre el convenio fueron planteadas por una comitiva de dirigentes de distintas centrales obreras, que se vieron hace unos días con el ministro de Producción, Dante Sica, a cargo junto al canciller Jorge Faurie de las discusiones y el anuncio formal de la firma. En el encuentro, el funcionario no dio mayores detalles de lo pactado con la Unión Europea, pero se comprometió a entregar una copia del preacuerdo a los dirigentes sindicales, antes de fin de mes.

 

Así lo pudo saber Política del Sur de un dirigente presente en la reunión, que fue encabezada por el secretario de Interior de la CGT, Andrés Rodríguez, uno de los dirigentes de mayor diálogo con el oficialismo. En la misma también estuvieron sectores de la CTA, como el titular de la fracción Autónoma, Ricardo Peidro.

 

Al ser consultado por este medio, Rodríguez admitió que no se llevaron ninguna definición de Sica, excepto que la impresión de que el acuerdo generó mucha alegría en el Gobierno. “Lo festejaron como un logro de su gestión”, agregó.

 

Sobre la postura de los dirigentes sindicales, la mayoría prefirió no opinar de algo que no se dio a conocer, y la respuesta formal es que esperarán a recibir el texto para dar opiniones. “Hay una diferencia entre vender maíz que aceite, porque hay valor agregado. Lo que no  vamos a aceptar es que se reduzcan fuentes laborales”, insistió el dirigente.

 

En algunos sectores vincularon el acuerdo con algunas promesas realizadas por el presidente Macri a los sectores de poder, como la reforma laboral. La idea de que si gana el oficialismo se avanzará con el paquete de leyes comprometidas ante el FMI quedó claro en boca del propio mandatario, lo que genera dudas entre los gremios. En la reunión se estableció que no hay temor de discutir una actualización de los convenios laborales, vinculada a las nuevas tecnologías y la transformación mundial del trabajo. Lo que no se va a aceptar es la flexibilización.

 

Ahora el Gobierno deberá ratificar el convenio en el Congreso, algo que creen que no sucederá este año, ya que la elección mantendrá la actividad legislativa baja, y además la oposición quiere discutirlo con la nueva composición, que inicia sus mandatos en diciembre de este año.

 

Primeros indicios

 

Más allá de la reunión con los gremios, el Gobierno no dio mayor información de los alcances del acuerdo, que posibilita el ingreso del país a mercados europeos y que ya generó cierto rechazo de las pymes, que tendrán un fondo de compensación para evitar que las asimetrías terminen perjudicando al sector.

 

En Europa circula un borrador que habla de algunos puntos del convenio en materia de comercio, salud y patentes, entre otras. Sobre este último punto, un informe de la Fundación GEP asegura que si se cumple lo pactado, la industria farmacéutica multinacional será beneficiada con mayor exclusividad de sus productos, lo que hará que haya aumento de algunos medicamentos, como los que usan las personas con Sida.

 

La entidad analizó el documento “New EU-Mercosur trade agreement. The agreement in principle”, emitido el 1 de julio en Bruselas, y concluyó que su aplicación traerá graves problemas en materia de propiedad intelectual, que afectará a la industria farmacéutica regional.

 

“Las modificaciones en materia de propiedad intelectual que exige la Unión Europea para la firma del acuerdo tendrán consecuencias devastadoras para la salud de los latinoamericanos”, remarcó el informe, al que tuvo acceso Política del Sur. Según explica el trabajo, durante las diferentes rondas de negociación la Unión Europea “intentó imponer un capítulo de propiedad intelectual que contiene medidas ADPIC plus, o sea, más estrictas que las firmadas en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

 

Los Aspectos de Propiedad Intelectual vinculados con el Comercio (ADPIC) fueron acordados en 1994 para los países miembros de la OMC, con la obligación de otorgar derechos de propiedad sobre diversos productos, como los medicamentos. Estos derechos, conocidos popularmente como patentes, fueron plasmados en la Argentina en la Ley de Patentes e Invenciones (24.481), que otorga exclusividad sobre productos médicos por veinte años, bajo el argumento de paliar los gastos que lleva investigar, producir y probar un tratamiento.

 

“La extensión del plazo de patentes farmacéuticas más allá de los 20 años que dicta el Acuerdo ADPIC de la OMC, como así mismo la generación de otros derechos exclusivos a través de la adopción de la ‘protección de datos de prueba’ sobre información de estudios pre-clínicos y clínicos utilizados para el registro sanitario de productos farmacéuticos son algunas de las medidas que integran la pretensión de la Unión Europea”, destacó el informe de la Fundación GEP.

 

“La inclusión de las normas ADPIC Plus en el acuerdo implica que los países del Mercosur adopten medidas de mayor protección de la propiedad intelectual sobre medicamentos y otras tecnologías médicas. En términos de soberanía sanitaria, esto significará un grave retroceso para la producción local de medicamentos, la investigación y el desarrollo de tecnologías médicas desde los países del Mercosur”, concluye la Fundación GEP.

 

Además, a nivel regional, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, entidad regional que reúne a las veinte principales centrales sindicales de Argentina (CGT, CTA), Brasil (CUT), Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay (PIT-CNT) y Venezuela, emitió un documento donde también rechaza el acuerdo anunciado por los países del Mercosur.

 

“Alertamos a nuestros pueblos sobre el funesto impacto que este acuerdo tendrá para el sistema productivo de la región en general, y para ciertas ramas de producción estratégicas en particular”, aseguró la entidad.

 

Las áreas apuntadas por los sindicatos como las más amenazadas son: tecnología, sistema marítimo y fluvial, obras públicas, compras del Estado, laboratorios medicinales, industria automotriz, economías regionales, entre otras.