sábado 25 de mayo de 2019 - Edición Nº3266

Gremiales | 10 may 2019

ANÁLISIS

Macri se viste de Vandor y lanza su estrategia de “golpear y negociar” con los gremios

La presión sobre los sectores rebeldes se vio en la decisión de ilegalizar la CTA Autónoma de Pablo Micheli, o en el espectacular allanamiento a Camioneros. Además, el Gobierno le retuvo a la CGT los fondos millonarios de las obras sociales prometidos hace un mes. La dirigencia sintió el golpe y se resiste a sentarse a negociar. En este panorama, se espera un aumento de la conflictividad hasta las elecciones.


Por:
Diego Lanese

Todo el mundo oye sólo lo que entiende. Johann Wolfgang von Goethe.

 

En la historia del sindicalismo, el vandorismo es una estrategia inaugurada en los 60 por el dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, que puede resumirse en “golpear para luego negociar”. El dirigente, conocido además por pedir en esos años un “peronismo sin Perón”, llevó esa máxima a la CGT, que en esos años ya tenía su ala “dialoguista”. Esta semana, el presidente Mauricio Macri se vistió del “lobo”, como era conocido Vandor, copiándole la estrategia casi a la perfección.

 

Es que antes de llamar a los gremios a negociar como parte de la mesa de los diez puntos de consenso, tomó medidas polémicas, duras, que tensaron la relación con el sector. Desde ilegalizar la CTA de Pablo Micheli a la denuncia contra los organizadores del paro del 30 de abril, más la retención de los fondos de obras sociales comprometidos el mes pasado, todo tiende a golpear estratégicamente a los sindicatos para luego pedirles que se sumen al plan de consenso con la oposición. El espectacular allanamiento a Camioneros actúa en la misma dirección y promete mantener la conflictividad entre la Casa Rosada y movimiento obrero.

 

El presidente Macri pasó a la ofensiva luego de los paros de la semana pasada, cuando los sectores combativos y los transportistas reunidos en la CATT realizaron distintas protestas, sin el aval de la CGT. A los primeros, los denunció penalmente, incluido Camioneros, buscando declarar ilegal las medidas de fuerza. Un poco más tarde, con una movida de 150 gendarmes, se realizó un allanamiento a la sede del gremio de Hugo Moyano, en el marco de la causa que investiga presuntas estafas en el Club Independiente, que preside.

 

El megaoperativo fue ordenado por la nueva jueza de la causa y generó la reacción de muchos de los sindicatos, que condenaron el accionar. “Es peor que con los milicos”, disparó Pablo Moyano en la puerta de su gremio, en el barrio de Constitución, ante la militarización del lugar.

 

Además, el Gobierno decidió ir sobre Pablo Micheli y le retiró el reconocimiento al frente de la CTA Autónoma. Como uno de los oradores del acto del #30A, el dirigente pidió por la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner, y en su entorno vincularon la medida del Ministerio de Producción a esas palabras. “El propio diario La Nación dijo que ‘el gobierno sacó a Micheli de la CTA’. Está claro que es parte de su estrategia”, le dijo a Política del Sur un dirigente cercano a Micheli, que ya apeló la medida.

 

La avanzada de esta semana incluyó a la propia CGT, que decidió no parar y, se suponía, mantenía buen diálogo con la Casa Rosada. A mediados de abril, se publicó en el Boletín Oficial un decreto que transfería a las obras sociales sindicales unos 13 mil millones de pesos de distintos fondos de compensación.

 

La medida fue parte de la negociación sobre la ley de blanqueo laboral, e incluyó la promesa de no parar en el corto plazo. Pero según pudo saber Política del Sur, hasta el momento la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que debe realizar la transferencia de los fondos, no lo hizo. Eso generó malestar en la mesa chica de la central obrera, que se reunió el lunes pasado y confirmó que analiza una medida de fuerza para el mes que viene. Los recursos forman parte del Fondo Solidario de Redistribución, y hasta el momento siguen congelados.

 

Conflictividad en aumento

 

Luego de la confrontación con estas medidas, llegó el momento de negociar. Así, el Gobierno llamó a algunos espacios de los gremios a ser parte de la discusión de sus diez puntos de consenso, que quiere acordar con la oposición, gobernadores, las iglesias empresarios y sindicatos. Desde la CGT rechazaron la invitación, lo mismo que otros grupos que fueron tentados o fueron ignorados, pero que eventualmente, si son llamados, no irán a la convocatoria.

 

“Nos parece poco serio”, dijo un dirigente de la central, según anticipó el miércoles pasado Política del Sur. “El pacto social debe hacerse cuando comienza un gobierno, no cuando está terminando. Y menos a un mes de que se presenten listas para las elecciones. Es todo una cuestión electoral que no tiene sentido”, agregó.

 

En este punto, la estrategia oficial tensa la relación con los gremios y puede disparar la conflictividad. No sólo el paro de la CGT está en la agenda, sino que la falta de acuerdo de las paritarias en varios sectores es un punto de partida para que en los próximos meses, en plena campaña electoral, las peleas sindicales sean protagonistas de la realidad diaria.

 

“Hasta fin de año crecerá la conflictividad social”, adelantó el secretario adjunto de ATE Capital Federal, Juan Manuel Sueiro. El sector viene movilizándose para pedir que se reabra la discusión salarial, ya que los haberes públicos cayeron casi 24 puntos el año pasado.

 

Los estatales participaron del paro del 30 de abril y rechazaron las sanciones que pueden llegar para los gremios. En este sentido, para Sueiro, el alza de la conflictividad se dará “cada vez que el gobierno trate de mafiosas a las acciones que realizamos los trabajadores, cuando los verdaderos mafiosos están en el poder”. “No se puede decir que extorsionan trabajadores que no llegan a fin de mes y que están cerca de la línea de la indigencia”, agregó en diálogo con Política del Sur.

 

La conflictividad se mantiene alta desde el año pasado y viene creciendo desde que Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada. En su último informe anual, el Observatorio del Derecho Social, entidad de la CTA Autónoma, expresó que el año pasado se contabilizaron más de 80 conflictos laborales. “Frente al escenario de recesión y alta inflación de 2018, el conjunto del movimiento obrero mantuvo los niveles de conflictividad de 2017 y canalizó sus luchas mediante una mayor centralización”, sostuvo el trabajo.

 

Según el Observatorio, “la articulación por fuera de los límites de la empresa fue la forma que asumió la resistencia dando como resultado una nueva composición de la conflictividad. En efecto, hubo un traspaso de los conflictos de menor alcance hacia las disputas más centralizadas, lo que implicó un crecimiento de los conflictos donde confluyeron trabajadores de todos los sectores, a nivel de ramas de actividad y en el ámbito de la economía informal, contrapesando así la caída en las disputas a nivel de empresas y en los Estados provinciales”.

 

En concreto, durante el 2018 el Observatorio relevó información correspondiente a 817 conflictos laborales, “de los cuales 397 corresponden al sector público, 271 al sector privado, 76 a la economía informal y en 73 casos intervinieron trabajadores de más de un sector”. Como los hechos más destacados, se recuerdan las protestas generales que pararon el país el 25 de junio y el 25 y 26 de septiembre, la masiva movilización contra el presupuesto 2019 y el paro de mujeres y disidencias del #8M.

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