“Si tengo que sufrir, ella también sufrió. Si tengo que morir, ella también murió. Hasta que tengamos de una vez justicia”. Con esas palabras escritas con fibrón en una pancarta y la foto de su hija, la madre de Anahí Benítez, Silvia Pérez Vilor, protagonizó este jueves una jornada de reclamo. 

Es que a pocas horas de haberse confirmado la elevación a juicio de la causa que investiga el crimen de su hija, la mujer realizó “un acampe” en la puerta de los Tribunales de Lomas de Zamora a modo de protesta contra el accionar de la fiscalía a cargo del caso. En diálogo con Política del Sur, la mujer sostuvo que “hay pruebas fundamentales” que todavía no fueron incorporadas a la investigación. 
 

La mamá de Anahí exige que se analicen las redes sociales del celular de la joven, ya que advierte que “fueron manipulados durante su captura”. Además, pide que se hagan las pericias correspondientes a los cabellos encontrados en la casa del imputado Marcos Bazán, que en caso de comprobarse ADN de la víctima, comprometería más su situación. 

Ambas serían pruebas suplementarias que en caso de autorizarse, se sumarían a los debates en los que se juzgará a las dos personas que permanecen detenidas por el hecho ocurrido a mediados del 2017. Sin embargo, desde la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 especializada en violencia de género de Lomas no daban respuestas satisfactorias a las solicitudes, razón por la que Silvia decidió llevar su reclamo este jueves a la sede judicial lomense. 

“Las empresas se niegan a brindar la información de las redes sociales de mi hija sin ninguna ley que las ampare, pero desde la fiscalía no insisten”, contó a este medio la mamá de Anahí mientras permanecía sentada en la vereda de entrada del Departamento Judicial. Es que mientras se esperan los resultados, los plazos de la Justicia avanzan y las etapas se cierran, como es el caso del período de tiempo estipulado para acordar las pruebas, que es de 180 días. 

Debido a su ciudadanía española, la mujer recurrió al Consulado de España para que formulen el pedido a las compañías internacionales que se niegan a aportar los datos del celular, aunque para que intervengan, necesitan la autorización de la fiscalía. “Hace dos meses que espero una simple firma”, denunció. 

Ante la falta de respuestas de parte de la fiscal Fabiola Juanatey, desde el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 se comprometieron a socavar en todos aquellos “puntos oscuros” que quedan pendientes para incluirlos en las jornadas del proceso judicial que se llevará a cabo con Marcos Bazán y Marcelo Villalba como los acusados. 

Tras una reunión con esos funcionarios, Pérez decidió retirarse del lugar. “La verdad que las expectativas que tenía eran nulas, pero sucedió un milagro y lo que no se movió en un año se movió hoy”, expresó. “Esperaba estar días, pero me quedé muy conforme por la seguridad con la que se comprometieron”, añadió.