La fecha elegida para presentar de manera oficial un nuevo proyecto para la legalización del aborto no es casual. La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es considerada un asunto de “salud pública”, y por ello, la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito anunció que entregará el nuevo documento al Congreso el próximo 28 de mayo, Día Internacional de acción por la Salud de las Mujeres.

En medio de la contienda electoral, el cuerpo legislativo estará una vez más bajo la presión de una sociedad que en 2018 demostró opiniones dispares sobre la iniciativa.

Con expectativas de que el debate alcance nuevamente el recinto, el proyecto por la legalización del aborto es una oportunidad para que “los candidatos puedan incluirlo en sus plataformas y que la gente sepa a quién está votando respecto de derechos que se puedan ganar o perder”, propuso Camila Salgado, militante de la Campaña regional Zona Sur.

Será la octava presentación del proyecto y la tercera vez que se modifican sus artículos originales después de un debate histórico en el que el documento logró el año pasado someterse a votación en el Congreso de la Nación, aunque con el posterior rechazo en el Senado: 38 votos negativos, 31 positivos y dos abstenciones.

La nueva redacción amplía el sujeto de derecho a “mujeres y otras identidades con capacidad de gestar” y determina su imputabilidad en caso de practicarse un aborto. También legaliza la IVE hasta la semana 14 de gestación, luego será por causales entre las que se excluyó “por malformaciones fetales”, indicó Salgado.

Al considerar “el derecho al aborto” como “una acción de salud pública”, el escrito -aclaró la militante- incorpora la práctica “en el programa médico obligatorio, por lo tanto, las obras sociales deberán dar cobertura total al tratamiento y debe estar incluido en el sistema público de salud”.

Además, la propuesta rechaza la objeción de conciencia de los médicos ante la ejecución de un aborto, ya que respondería a “una negación a una práctica de salud pública por creencias religiosas o morales que no deberían dificultar el derecho a la salud de nadie”, explicó la referente en diálogo con este medio.

Bajo el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, la Campaña explicita en su normativa “artículos específicos de cómo implementar la Educación Sexual Integral y derechos sexuales reproductivos”, indicó Salgado.

Hasta el momento, en Argentina sólo existe el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que se aplica en casos de embarazos producto de una violación o si el parto representa un riesgo para el bienestar físico, emocional y social o de vida para la persona gestante.

Casos como el de la nena de 11 años violada por el novio de su abuela en Tucumán demuestran la falta de cumplimiento a la normativa vigente. Además de los casos incontables de mujeres que no desean convertirse en madres y mueren por abortos clandestinos, son algunos de los argumentos esgrimidos por la Campaña.

“Es una situación muy cruel con un saldo de vidas muy alto, hay que prestarle un poco de atención a la realidad. Nosotras tenemos la intención de presentar el proyecto para que el aborto sea ley y resolver de alguna manera esta situación horrible”, reflexionó la militante de zona sur.

El proyecto llegará por octava vez al recinto en una “situación especial”, consideró Salgado. En año de elecciones, el aborto se impone una vez más en la agenda pública y política. Sin embargo, el foco estará puesto en “resolver una deuda de los derechos humanos de las mujeres y de personas con capacidad de gestar”, determinó.

Para el 28 de mayo, en la entrega de la normativa al Congreso, la Campaña convoca a una manifestación en las afueras del recinto para demostrar en las calles la contundencia del apoyo social por el aborto legal.