viernes 29 de marzo de 2024 - Edición Nº1941

Gremiales | 22 mar 2019

ANÁLISIS

El Gobierno busca terminar con las cláusulas gatillo, pero los gremios prometen resistir

En la Casa Rosada quieren un cambio en las paritarias y lograr acuerdos semestrales con revisión, pero no actualización por inflación. La idea cayó mal entre los sindicatos, que plantean para este año “acuerdos lo más cortos posibles”. El techo del 23-25 por ciento se rompe: las primeras negociaciones hablan de cifras cercanas al 40 por ciento.


Por: Por Diego Lanese

En la última semana, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, tuvo un perfil más alto, en el marco de una tarea encomendada por el gobierno nacional: encasillar la negociación salarial entre empresarios y gremios. A los primeros los “retó” en público, cuando los acusó de ser “socios de los sindicatos”, y virtualmente los acusó de “llorar” por la realidad. A la dirigencia gremial, el funcionario les envió un mensaje: la intención es dejar las cláusulas gatillo en las paritarias. A cambio, se buscarán acuerdos semestrales y así evitar la negociación permanente. Esto fue tomado en el movimiento obrero con preocupación porque sostienen que sin revisión por inflación no habrá acuerdos posibles. El cambio de paradigma que pretende la Casa Rosada promete poner mayor tensión en una discusión salarial que se perfila complejo.

 

Los dichos de Sica generaron alarma en el sector gremial. “No vemos este año movimientos tan bruscos desde el punto de vista inflacionario como para poder tener revisiones salariales más cortas”, dijo el funcionario encargado de la relación del gobierno de Mauricio Macri con el mundo del trabajo. La primera reacción de los sindicatos fue clara: la mayoría de los dirigentes rechazó hacer acuerdos fijos y reclamó revisiones trimestrales.

 

El cambio que pretende la Casa Rosada no entusiasma a la dirigencia sindical. Ya a principio de año muchos aseguraban que en medio del proceso inflacionario era difícil establecer una pauta anual, y lo ideal era tener una especie de “paritaria permanente”. La desaceleración de la suba de precios de la que habla Sica no parece cercana, por lo que los sindicatos mantienen esa postura.

 

Incluso dentro del propio oficialismo la cuestión generó sorpresa. Es que a contramano de eliminar la cláusula gatillo, la gobernadora María Eugenia Vidal ofreció a los docentes la paritaria emblema de la provincia de Buenos Aires: una actualización por inflación trimestral, que fue bien tomada por el Frente de Unidad (el acuerdo se frustró por las diferencias por la cifra ofrecida respecto de lo perdido en la paritaria 2018), choca con esta nueva tendencia nacional. “Hay una desprolijidad en la discusión salarial que debemos superar para evitar llegar a un callejón sin salida”, sostuvo una fuente de la CTA de los Trabajadores, donde se encuentran los principales gremios educativos.

Esta diferencia entre Provincia y Nación se vio esta semana cuando los gremios universitarios recibieron una oferta salarial sin cláusula gatillo. “Esto es parte de la crisis política y económica que está atravesando el Gobierno, no está claro cuál es la línea de la discusión paritaria del propio oficialismo, porque la Gobernadora hace una propuesta que choca con lo que dice Sica”, agregó esta misma fuente ante la consulta de Política del Sur.

 

La eliminación de las cláusulas gatillo fue un pedido constante de los empresarios al Gobierno, pero los sindicatos insisten que es la única herramienta con la que cuentan para frenar el deterioro salarial.

 

Techo perforado

 

Si el fin de la cláusula gatillo es rechazado por los gremios, el techo salarial que desde principio de año quiere imponer el Gobierno es una mera fantasía. Ese límite del 23-25 por ciento que soñó el superministro Sica y su gente hoy es apenas una ilusión, y en la última semana dos sectores de peso como metalúrgicos y choferes de colectivos le dieron color a la negociación que se viene.

 

La UOM empezó su ronda de discusión con un claro desafío a la “doctrina Sica”, ya que reclamó acuerdo cada tres meses. El gremio que lidera Antonio Caló comenzó a discutir con las seis cámaras de la industria sin una cifra concreta, ya que pretende ir haciendo los números cada tres meses. En su entorno hablan de un piso del 35 por ciento y anticiparon que pretende incorporar una cláusula gatillo trimestral.

 

“Los pronósticos del Gobierno son todos nefastos, nadie le cree nada”, criticó Rodolfo Daer, histórico líder del gremio de la Alimentación, que agrupa a unos 100.000 trabajadores de fábricas de todo el país y es parte del grupo de los “gordos”, que hoy ostenta la conducción de la CGT.

 

El dirigente anunció que iniciará las negociaciones paritarias y que pretende una suba de alrededor del 40 por ciento, marcando un nuevo estándar que muchos quieren seguir, como Roberto Fernández, de la UTA, que ya comunicó a las cámaras del transporte -con la que está en conflicto en el interior- que esas son sus pretensiones salariales.

 

La “rebelión” de los gremios tensará las relaciones con el oficialismo, ya bastante deterioradas por la crisis económica. En la Casa Rosada tienen una carta en la manga: en el marco de la reforma laboral, piensa buscar los acuerdos necesarios para aprobar la AGNET, la nueva agencia de tecnología médica. ¿Por qué les interesa este proyecto a los sindicatos? Su tarea será determinar las prácticas, insumos y tratamientos que se incluyan en el PMO (Programa Médico Obligatorio), que deben cubrir las obras sociales. La idea es que esta agencia limite los amparos judiciales que hoy obligan a las entidades gremiales a cubrir costosos medicamentos o estudios, desfinanciando sus arcas.

 

El proyecto podría volver a discutirse en el corto tiempo lo que promete darles oxígeno a las obras sociales sindicales y que puede servir de “moneda de cambio” para evitar la ruptura total de relaciones. En estos días, el reclamo apuntó a unos 6.000 millones de pesos que debían girar a las entidades, pero que nunca se hizo.

 

La llegada a la Superintendencia de Servicios de salud (SSS) de Sebastián Neuspiller, ex futbolista de Fénix y hombre de confianza del presidente Mauricio Macri, parece que frenó la llegada de esos fondos, que son usados siempre como parte de las discusiones con los gremios. 

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