El Tribunal de Cuentas bonaerense alertó sobre inconsistencias en la documentación de ciertos expedientes del Fondo Fiduciario Público -incluido en la Ley de Hábitat-, subsidio que depende de la Subsecretaría de Tierras, Urbanismo y Vivienda, dirigida por Evert Van Tooren, concejal por Cambiemos en Esteban Echeverría.

Sin embargo, el director provincial de Tierras y también concejal de esa localidad, Luciano Gómez Alvariño, manifestó que los casos son anteriores al mandato de su compañero de bloque.

El Fondo fue creado en 2013 y comenzó a funcionar al año siguiente. Hasta el 2018, el programa no fue sometido a las auditorías dependientes del Tribunal de Cuentas que para un primer informe preliminar evaluó 23 expedientes entre los períodos 2014-2017.

Los resultados difundidos fueron las observaciones obtenidas del preliminar que muestran algunas inconsistencias en la documentación, como constancias jurídicas vencidas u omisión de fechas, especificó Gómez Alvariño, y sostuvo que se trata de “irregularidades de forma, no de fondo”.

Según el funcionario, los expedientes que derivaron en observaciones responden al período 2014-2015, cuando el Fondo había sido recientemente lanzado, por lo que “había cuestiones que se fueron desarrollando con el correr del tiempo”, en cuanto a la formalización de los documentos y datos necesarios.

El Fondo Fiduciario Público se financia a partir del “impuesto a los terrenos baldíos, la tierra vacante, con el cual se permite hacer intervenciones de mejoras de hábitat en villas y asentamientos precarios. Hay un programa de microcréditos donde la ley establece que se entrega un subsidio a una ONG y esa organización otorga microcréditos a las personas para que haga alguna mejora en su vivienda. Esa gente devuelve el dinero a la ONG que debe reinvertirlo”, explicó el funcionario al aire de Política del Sur.

Van Tooren está a cargo de la Subsecretaría desde mediados de 2017. En un comunicado difundido por el precandidato a intendente por Cambiemos en Echeverría, aclara que “los expedientes son previamente analizados e intervenidos por la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado”.

Según manifestó Gómez Alvariño, esto significa que “no podría haber ningún tipo de irregularidad porque antes de que se apruebe cualquier subsidio, la documentación pasa por tres organismos de control que son independientes”.

Según manifestó Gómez Alvariño, esto significa que “no podría haber ningún tipo de irregularidad porque antes de que se apruebe cualquier subsidio, la documentación pasa por tres organismos de control que son independientes”. Estimó que el informe final se publicará en junio.