![Tetaz advirtió que el "Gobierno está bajando la inflación, pero de una manera tan brutal que va a colapsar la actividad"](./uploads/noticias/3/2024/05/20240510200543_tetaz-a-convert-io.jpg)
![Tetaz advirtió que el "Gobierno está bajando la inflación, pero de una manera tan brutal que va a colapsar la actividad"](./uploads/noticias/4/2024/05/20240510200543_tetaz-a-convert-io.jpg)
Por: Por Diego Lanese
Los gremios de distintos sectores esperan un año complicado en materia de negociación salarial y laboral, que seguramente se mezclará con la cuestión electoral, conjugando un cóctel complejo. La tensión que viene de un 2018 lleno de conflictos no se disipó y promete potenciarse cuando se empiecen a discutir las primeras paritarias Además, las últimas medidas del gobierno nacional, fundamentalmente el aumento de tarifas, no hizo más que incrementar la tensión entre los trabajadores, que sufren el desplome del consumo, la recesión y la inflación. En este contexto, se espera un año de “alta conflictividad”, que comenzará en poco tiempo, cuando las primeras paritarias se abran.
Con los antecedentes del 2018, los gremios se preparan para que el último año de esta gestión de Cambiemos sea compleja. Esta semana comenzarán las primeras rondas de discusión del sector educativo, con foco en lo que pueda suceder en la provincia de Buenos Aires. El área será muy sensible porque arrastra rispideces y disputas abiertas, y promete ser motor de la disputa. Incluso, algunos dirigentes ya hablan de un no inicio de clases. Así circula entre los docentes universitarios, que deben ser convocados a cerrar todavía el primer tramo de la paritaria del año pasado.
En este sentido, en un plenario de la Conadu Histórica, los dirigentes aprobaron impulsar el no inicio de clases hasta que se alcance una recomposición salarial del 20 por ciento para los salarios universitarios, en el marco de la paritaria 2018. Por eso, este gremio, que no firmó el acuerdo salarial del año anterior, se declaró “en estado de alerta y asamblea permanente”, y anunció un plan de lucha que incluirá un paro “en todos los niveles de la educación”.
Este parece ser el primer conflicto del año, junto con el paro nacional anunciado por ATE para la administración pública nacional, que se hará efectivo la última semana del mes. El posible paro de Conadu Histórica abrió una grieta entre los gremios del sector, ya que las mayoritarias Conadu y Fedun sí firmaron el acuerdo, y por el momento no plantearon medidas de fuerza. Pero el más rebelde de los sindicatos llamó a “la unidad” de la comunidad docente para “enfrentar el plan de ajuste del gobierno sobre el sector educativo, promoviendo un paro nacional de todos los niveles de la educación para el 6 de marzo”.
La conflictividad no sólo estará marcada por cuestiones salariales. Los intentos de achicar el Estado son parte de los muchos conflictos abiertos, que se heredan del año pasado. En este sentido, los despidos y suspensiones son parte de lo que enfrenta a los gremios con los gobiernos, pero no lo único.
En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la Justicia avanza en una causa contra integrantes del Astillero Río Santiago, que el año pasado tuvo diversas actividades para evitar el cierre del principal productor de barcos del país. Hace unas semanas, Alejandro Villarruel recibió en su domicilio una célula judicial donde le informaban sobre una causa que le fue abierta en La Plata. El trabajador fue imputado por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, de la UFI 16 de la capital provincial, por los delitos de “intimidación pública e incitación a la violencia”, una de las causas abiertas en 2018 contra los integrantes del astillero.
En este punto, la ofensiva del Estado y las empresas contra los luchadores sindicales marca otro punto del año conflictivo que se viene. “Esta denuncia es parte de la ofensiva judicial que tiene el gobierno de Vidal contra la organización sindical, un engranaje más del aparato que se comenzó a mover para imponer una idea del astillero en la sociedad que no pudieron lograr”, sostuvo el secretario adjunto de ATE-Ensenada, Pablo Rojas.
En diálogo con Política del Sur, el dirigente remarcó que “son denuncias que recaen sobre varios compañeros”, incluyendo la de Francisco Banegas, que fue imputado junto al secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, por la toma del Ministerio de Economía en septiembre del año pasado. “Causa un poco de sorpresa que al compañero le llegara la notificación este mes, en medio de la feria, pero no es la primera vez que hacen estas cosas”, agregó Rojas.
Este tipo de maniobras fueron bastante comunes en los últimos años y buscan amedrentar a los trabajadores y su organización. Como remarcó el informe 208 del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, “con la criminalización de la protesta el Estado apunta a varios objetivos al mismo tiempo. Por un lado, frenar el conflicto social, acallando, disciplinando, atomizando y domesticando las disidencias. Por otro, correr el eje de la injusticia denunciada por diferentes sectores movilizados hasta plantear que lo que está sucediendo es un ‘delito’, una ‘amenaza para el orden legal’, una ‘violación a la ley', deslegitimando los reclamos. En los últimos años, existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores, cuestionando derechos como el derecho a la huelga y a la movilización popular”.