A través de una resolución de Anses, el gobierno nacional vuelve a meter mano en los fondos de los jubilados y pensionados. A partir de este mes, el objetivo es computar de manera conjunta la jubilación y la pensión que pueda percibir un mismo beneficiario, lo que implica que entre 40.000 y 50.000 jubilados alcanzarán el mínimo no imponible -que en marzo será de 62.462 pesos- y pagarán Impuesto a las Ganancias, un tributo que en campaña Cambiemos prometió que ningún trabajador abonaría.

 

En diálogo con Política del Sur, el presidente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados, Marcos Wolman, explicó que se trata de “una resolución totalmente inconstitucional”, al argumentar, por un lado, que “el salario no es ganancia”, y por otro, que el salario de los jubilados es diferido, y “si en algún momento el salario tuvo una deducción de ganancias, esto es una doble deducción”. “Es un absurdo total”, protestó.

 

Asimismo, el dirigente -que pertenece a la CTA Autónoma- recordó que esta medida se toma en consonancia con las reformas estructurales que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ordena a la Argentina que se cumplan en materia previsional para pagar la deuda externa.

 

“El Fondo Monetario lo que hace es aumentar la edad jubilatoria y disminuir la tasa de sustitución del haber jubilatorio en relación al salario”, explicó Wolman. Esto significa que cuando un trabajador se jubila deja de recibir un salario para recibir una jubilación, la cual es un porcentaje del salario, que hoy es del 50 por ciento.

 

En ese marco, el dirigente advirtió: “Nosotros alertamos que el tema no sólo es del haber jubilatorio actual, es el tema del futuro del sistema previsional argentino. Acá lo que está en riesgo y lo que es más preocupante es el desfinanciamiento que se está haciendo del sistema.”

 

En esa línea, denunció que “se sacaron 86.000 millones (de pesos) del Fondo de Garantía de Sustentabilidad con Letes (Letras del Tesoro), y ahora 10.000 millones más es el acuerdo para sacarle a la Provincia de Buenos Aires, con tasas menores al 15 por ciento, cuando la tasa está en el 60 por ciento”.

 

Por estos motivos, el referente de la tercera edad contó que desde la Mesa Coordinadora están participando de acciones que desarrolla la Defensoría del Pueblo, con la presentación de recursos judiciales en contra de esta resolución polémica. Según relató, hay también fallos de la Cámara de Seguridad Social sobre decisiones que tiene que tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

El histórico 82 por ciento móvil

 

Marcos Wolman es uno de los precursores de las históricas marchas de los miércoles de los jubilados y pensionados frente al Congreso de la Nación, cuando en la década del 90 el entonces gobierno de Carlos Menem negoció la privatización del sistema previsional y la llegada de las AFJP.

 

Hoy, casi 1400 miércoles después, todavía lo encuentran allí junto a sus compañeros y compañeras juntando firmas con el objetivo de que la sociedad adhiera a su reclamo por el 82 por ciento móvil para los haberes jubilatorios, el cual se calcula sobre el salario del trabajador activo, no sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y actualizado de acuerdo a la movilidad de la categoría de ese trabajador.

 

Sobre ello, precisó: “Nosotros tenemos un proyecto de ley que lo venimos presentando hace más de ocho años. Está en el Congreso, han pasado gobiernos, pero ninguno quiso tratarlo en la comisión respectiva”, a la vez que denunció que tampoco se cumple con la Constitución Nacional, que establece que los fondos de la previsión social deben ser administrados por los trabajadores activos, los pasivos y el Estado, mientras que hoy los maneja solamente el Poder Ejecutivo utilizándolos a discreción.

 

El panorama, sin dudas, se complejiza aún más teniendo en cuenta la inflación, los tarifazos en los servicios públicos, los aumentos de precios de los alimentos y de los medicamentos. Y para los trabajadores activos, se suma la desocupación creciente. De hecho, el referente remarcó que hoy “más del 70 por ciento de los jubilados del país está por debajo de una canasta básica de 26.000 pesos, que es la canasta básica de un adulto mayor”.             

 

“Nosotros tenemos proyecto de ley (del 82 por ciento móvil), tenemos un proyecto de normalización del PAMI, tenemos un proyecto de ley de viviendas en comodato respecto de los planes federales de viviendas para jubilados en situación de emergencia habitacional. No es solamente el tema salarial, sino un tema de fondo, tener un sistema propio”, concluyó Wolman.