Por: Por Diego Lanese

En nuevas declaraciones periodísticas, Pablo Moyano ratificó lo que se viene hablando después de la marcha de antorchas: que el espacio buscará llamar a un paro nacional. Como publicó esta semana Política del Sur, en el entorno de la dirigencia camionera hablan de una protesta en febrero o marzo. Ahora, el dirigente sostuvo que el paro “no va más allá de abril”, lo que marca el convencimiento que existe en este espacio, formado por los gremios más combativos de la CGT y las dos CTA, de profundizar el plan de lucha contra el aumento de tarifas y el plan general del Gobierno.

 

Pero no todos están absolutamente convencidos de que ese es el camino. Algunos de los socios del moyanismo creen que las marchas, cacerolazos y otras actividades son la respuesta que hay que dar y dejar el paro para una circunstancia más extrema. Esa es la idea del líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, que pidió no realizar estas medidas. En esa central aseguran que esos dichos no quieren decir que no piensen en una iniciativa así, sino que debe ser “con el mayor consenso posible”.

 

El moyanismo y sus aliados más cercanos ya trabajan en la construcción de un paro nacional. En este camino cuentan con el apoyo de varios grupos, como la Corriente Federal, que si bien no llamó a una protesta, es de la idea de accionar este tipo de medidas, el Frente Sindical para el Modelo Nacional y las 62 Organizaciones Peronistas que lidera Horacio Valdez.

 

“Es inevitable ir a una medida de fuerza de este tipo, el Gobierno no tiene ningún diálogo con la sociedad. Los tarifazos fueron la gota que rebalsó el vaso”, sostuvo un dirigente de esa fracción consultado por Política del Sur. Como adelantó este portal, en estos días, incluso en encuentros informales, ya se habló de una fecha para el paro: “será en febrero o marzo, a más tardar”.

 

Esta idea choca con las palabras de Hugo Yasky, quien había opinado que en 2019 no se debería hacer paros, por el proceso electoral que se abre. “Salvo que tuviéramos una provocación grave, hay que evitar hacer paros en el año electoral”, sostuvo. Pero la brecha por el momento no aleja a las partes. Desde la CTA de los Trabajadores aclararon los dichos y dijeron que “no es que no hay que hacer paros, lo que hay que lograr es que sea con el mayor consenso posible”.

 

Además, un dirigente de esa central explicó ante Política del Sur que “un paro puede terminar perjudicando al trabajador porque genera pérdidas, y estamos en un contexto de despidos, suspensiones y cierres de fábricas”.

 

Si bien Yasky habló también del contexto electoral, la fuente consultada expresó su cautela por las posibilidades de “cambios concretos”. “Un paro debería servir para revertir la política económica, para cambiar el rumbo de este modelo, y para eso debe ser masivo. Para expresar la bronca tenemos las marchas, los ruidazos y las manifestaciones populares”, agregó el mismo dirigente.

 

Ambas posturas admiten que las diferencias existen, pero no creen que eso altere la “unidad en acción” que vienen desarrollando.

 

Impacto del tarifazo

 

Las marchas contra el aumento de tarifas y servicios públicos se volvieron la amalgama de estos grupos combativos, que se mueven en consonancia y dejan en evidencia a otros sectores del sindicalismo. Más allá de si hay o no consenso para el paro, las acciones en los últimos meses marcan que serán parte del grueso de la oposición, que buscará derrotar a Mauricio Macri en las presidenciales.

 

Uno de los puntales de esto será el rechazo al paquete de aumentos, que se anunció en los últimos días de diciembre. Es que estas subas impactan directamente en el bolsillo de los trabajadores.

 

Según un informe del Centro de Información y Formación de la República Argentina (CIFRA), el paro del pago de los servicios públicos como luz y agua en los ingresos de los asalariados tuvo un “fuerte crecimiento”, en especial en los sectores informales de la economía.

 

“Considerando el salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado, que en octubre de 2018 era de 27.880 pesos netos, la participación de la suma de estos tres servicios (electricidad, gas y agua y cloacas) pasó del 1,2 por ciento al 6,9 por ciento”, detalla el trabajo de esta entidad, que pertenece a la CTA de los Trabajadores.

 

Si en cambio -remarca el informe al que tuvo acceso Política del Sur- “se considera el ingreso promedio de la ocupación principal (que abarca a todos los ocupados, sean o no asalariados y sean o no registrados), que en octubre de 2018 rondó los 17 mil pesos, la participación ascendió del 1,9 al 11,3 por ciento”.

 

“En base a las proyecciones mencionadas para octubre del año que viene, el peso de estos servicios alcanzaría el 8,1 por ciento considerando el salario registrado y el 13,3 por ciento el ingreso promedio del total de ocupados, si se cumpliera la indicación del gobierno de incrementar los salarios sólo en 23 por ciento”, destaca CIFRA. Los aumentos de tarifas medidos por el centro de la CTA tuvieron un especial impacto en el Conurbano bonaerense, donde en algunos casos (electricidad para zonas residenciales) superan el 2.300 por ciento.

 

En este contexto, la multisectorial que se forma en contra de los aumentos tiene apoyo de movimientos sociales, partidos políticos y cámaras de empresas medianas y pequeñas. Esto le puede dar el salto a la clase media que el peronismo perdió, en especial en el segundo período del kirchnerismo, más allá de los intentos que se hicieron para reconciliarse.