Por: Por Diego Lanese

Para desactivar el paro de la CGT, el gobierno nacional activó un bono de fin de año de 5 mil pesos para los trabajadores, que busca compensar las pérdidas del salario real respecto de la inflación. Acordado por el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, con la dirigencia sindical, la idea del bono comenzó como una herramienta para los asalariados registrados, y ahora se busca que alcance a más sectores, entre ellos jubilados y estatales. Pero el monto fue cuestionado por diversos sectores, que alertan que la chance de recuperar poder adquisitivo es baja. Los efectos de la suba generalizada de precios hacen que ese valor esté lejos de ser una recuperación, afirman especialistas.

 

Un informe difundido hace unos días le pone cifras a esa queja. Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), para ser efectivo el bono, debería ser más de diez veces esos 5 mil pesos y llegar a más trabajadores. En la región, la reacción por la medida oficial va del escepticismo a las críticas.

 

El trabajo del IPyPP, que dirige el exdiputado Claudio Lozano y está vinculado a la CTA Autónoma, analiza el impacto real del bono en la economía de los asalariados. “En apariencia, es intención del Gobierno entregar un bono compensatorio a los asalariados con el objeto doble de evitar una nueva medida de fuerza nacional del movimiento de los trabajadores (que podría efectuarse la semana previa al G20), y al mismo tiempo, impedir la reapertura de las paritarias que fueron destruidas por una inflación cercana al 50 por ciento”, analizó el informe, al que tuvo acceso Política del Sur.

 

El decreto firmado por el presidente Mauricio Macri estableció “a partir del 1° de noviembre de 2018, una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, que ascenderá a 5 mil pesos”. El 50 por ciento se pagará con los salarios de noviembre, “pagaderos en diciembre de 2018, y la otra mitad con los salarios de enero, lo que llegará a los trabajadores en febrero”.

 

El IPyPP alerta que “dada la pérdida acumulada en el curso de este año por los trabajadores privados y registrados, el bono debería equivaler a casi dos veces y medio sus salarios (2,38)”. “En tanto, el promedio salarial medio de los registrados se ubica en24.194 pesos, el bono debiera ascender a 57.470 pesos. Por lo tanto, la propuesta del Gobierno que parece aceptar el oficialismo de la CGT representa apenas el 8,7 por ciento de lo que se necesitaría para compensar la pérdida salarial”, destacó el trabajo.

 

Ante esto, el instituto concluye que “la propuesta oficial no sólo es un bono restringido, ya que deja afuera a los trabajadores no registrados y a los estatales, sino que es una mísera recomposición para los trabajadores privados registrados”. En cuanto a los estatales, afirma que “deberían percibir un bono equivalente a casi tres veces y media (3,48) su promedio salarial”. Hecho este que se explica porque la pérdida de los trabajadores del Estado es mayor aun que la de los trabajadores del sector privado. “Así, con un promedio salarial de 26.647 pesos, los estatales debieran recibir un bono de 92.767 pesos para compensar lo perdido en el 2018”, se afirma.

 

Las reacciones en la región

 

La aplicación de esta medida generó distintas reacciones en la región. El titular de la CGT Lomas de Zamora, Sergio Oyhamburú, indicó que la medida “va a servir para la ocasión, para la coyuntura”, en referencia al desfasaje de los acuerdos salariales respecto de la inflación. Las paritarias acordadas para la mayoría de los gremios quedaron por debajo de la inflación prevista para el 2018: según el Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central de la República Argentina, será del 47,5 por ciento.

 

“Todos sabemos que no es la solución, pero hay que contemplar la coyuntura. El bono es imperativo, hay un marco que antes no había”, destacó el gremialista local, y consideró que dependerá de “mandar mucha militancia sindical para que se pague”. Además, sostuvo que la bonificación “sirve para seguir discutiendo” porque los empleados “reciben la guita”.

 

Por su parte, el dirigente del Vidrio y titular de una de las fracciones de las 62 Organizaciones Peronistas, Horacio Valdez, opinó que “los trabajadores no están contentos” y analizó que “si la gente no se manifiesta es por la angustia que tiene, por la tristeza, porque se siente derrotada”, y exhortó: “Es tiempo de que nos pongamos los pantalones y salgamos a reclamar lo que corresponde.”

 

Por último, el trabajo del IPyPP remarca que “el salario promedio de la economía argentina, considerando todo el universo de trabajadores, asciende a 19.734,8. Por ende, el bono necesario para compensar lo perdido en el 2018, debiera ascender a 75.186,2.Así las cosas, la propuesta del Gobierno y la CGT representa apenas el 6,6 por ciento de lo que debieran recibir los trabajadores para recuperar lo perdido en un año 2018 que, en la práctica, ha producido una caída del poder adquisitivo similar a la del 2002 en el marco de la crisis y ruptura de la convertibilidad”.

 

“El Gobierno pretende con un bono miserable, restringido y ‘truchón’, evitar un paro nacional y posponer la reapertura de las paritarias. Es impresentable que frente a una deuda acumulada de 75 mil pesos en el 2018 se la pretenda resolver con sólo 5 mil pesos y se siga postergando el necesario aumento salarial”, concluye el estudio.