Por: Por Diego Lanese

Desde que a principio de este año se aprobó la ley 15.008, los trabajadores del Banco Provincia (Bapro) realizan distintas medidas de lucha para rechazarla, debido a que, entre otras cosas, elevó la edad jubilatoria de los empleados y obliga a la entidad a cubrir con recursos propios el déficit de la caja previsional.

Esto, afirman, genera que la banca pública deba poner millones de pesos por mes para pagar los haberes de los pasivos, una situación que debilita la capacidad del Bapro de dar créditos y otras funciones.

Para colmo, la semana pasada se denunció que el Gobierno utilizó de manera discrecional 5.500 millones de pesos, que el Anses giró a la entidad, pero que el Gobierno decidió reemplazar por un bono. “Nadie sabe dónde está esa plata”, afirman desde la Comisión Gremial Interna del banco, que llevaron su reclamo a la Justicia, al denunciar penalmente a la gobernadora María Eugenia Vidal por el desvío de esos fondos. “Pone en peligro la banca pública”, argumentaron.

La denuncia contra la mandataria bonaerense se realizó la semana pasada en el Juzgado Federal Penal Nº 3 de la provincia de Buenos Aires, cuando se conmemoraba el Día del Bancario. Allí, los integrantes de la Comisión Gremial pidieron que se investigue a Vidal “por la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de deberes del funcionario público”. Es que los 5.500 millones de pesos enviados por el Anses para la casa jubilatoria del Bapro no están en el banco y no se sabe su destino.

Según le explicó a Política del Sur el secretario general de la entidad gremial, Santiago Etchemendi, el Anses “envió fondos al Gobierno en efectivo que se acreditaron en su cuenta, y esos fondos debían ser girados a la caja jubilatoria del banco para que se salde una deuda”. Sin embargo, acusó que lo que hizo el Gobierno “fue emitir un bono”. “Ahora, patrimonialmente, el banco tiene esos fondos, pero no lo tenés en efectivo. Son 5.500 millones de pesos, es mucha plata que no se sabe dónde está, y en un momento de iliquidez de los bancos genera un daño importante no contar con esa plata”, agregó Etchemendi.

Los recursos enviados desde Nación estaban destinados a cubrir el déficit previsional de la caja jubilatoria, registrado en los años 2015 y 2016, pero ahora están con un destino incierto. La sospecha es que ese dinero está siendo usado por la gestión provincial “para gastos corrientes”.

La denuncia se da en medio de la lucha de los empleados del banco contra la ley que cambió el sistema jubilatorio mediante una ley aprobada a fines del 2017 y reglamentada en enero de este año. La misma, además de aumentar la edad en que se jubilan los empleados, obliga al Bapro a hacerse cargo del déficit, hasta el momento cubierto por fondos de la Provincia de Buenos Aires.

Para los empleados, esto es “una estafa”, ya que ellos aportan un mayor porcentaje para jubilarse (16 por ciento), y esta medida pude desfinanciar la banca estatal. “La maniobra de los 5.500 millones afecta seriamente al Bapro, a la hora de dar un crédito, por ejemplo, porque para lanzar un producto hay que pedir autorización al Banco Central. Después del 2001 hay una normativa para que se autorice, entre ellas tener un porcentaje de fondos para subsidiar una tasa, que es lo que hace un banco público. Con esta situación no podés hacerlo, dejando al banco sin herramientas para salir a dar crédito ante emergencias climatológicas, por ejemplo”, dijo Etchemendi.

Para el dirigente, esto es parte de la misma “política de desfinanciamiento del Bapro, ya que Vidal se sacó de encima la obligación constitucional de solventar todos los regímenes previsionales, porque con la ley 15.008 es el banco el que se hace cargo del déficit”.