lunes 12 de noviembre de 2018 - Edición Nº3072

Provincia | 6 nov 2018

Presupuesto 2019: detalles del proyecto que reclama el FMI y que moviliza a la oposición

Se inició la discusión de la “ley de leyes”, clave para pensar la gobernabilidad de acá al recambio presidencial. El ajuste de las cuentas fiscales obliga al Gobierno a recortar en áreas sensibles, lo que movilizó a varios sectores. Las metas económicas, la gran duda. Los gremios prometen batallas contra la propuesta y proyectan un paro nacional de 36 horas. Qué opinan en los municipios.


Luego de la media sanción de Diputados, el gobierno nacional negocia con los gobernadores la aprobación del Presupuesto 2019. Ni la movilización masiva ni la violenta represión lograron desactivar la iniciativa del oficialismo, que pactó con sectores del llamado Peronismo Federal para alcanzar la meta. A priori, se espera que el paso por el Senado sea menos conflictivo, ya que los legisladores de las provincias van a validar los acuerdos alcanzados por sus jefes territoriales, que ya acordaron en la Casa Rosada el grueso de los números para el año próximo.

 

Fuertemente criticado por los sectores opositores, gremios y organizaciones sociales, el presupuesto es una muestra de la economía que viene en tiempos de recesión. Las mayores críticas apuntan a los recortes en áreas sensibles como educación o salud y al abultado pago de la deuda externa. El famoso pacto fiscal alineó a las provincias con el gobierno, y el propio Mauricio Macri se encargó de negociar con varios de los jefes provinciales para que den el visto bueno a la iniciativa.

 

Todos dan por hecho que la propuesta se aprobará, y ahora resta saber qué postura tomarán quieres llevaron el estandarte contra el presupuesto, que lo relacionan al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Además de los discursos, la propuesta más concreta es un nuevo paro nacional, pero la CGT mantiene su postura dialoguista, pese a que critica públicamente los números del oficialismo. La aprobación, en la previa del G20, puede terminar con una gran marcha opositora, pero nadie a esta altura puede garantizarla.

 

El presupuesto marca el ritmo del país que se viene, no sólo porque marca la economía que viene, sino además porque será el eje de las luchas políticas en los primeros meses del año, que traerán nada menos que una elección presidencial.

 

La economía que se viene

Los antecedentes del gobierno nacional en materia de cumplimiento de sus presupuestos no son buenos, ni mucho menos. El 2018 se inició con una meta de inflación de entre el 10 y el 12 por ciento, según las proyecciones del Banco Central a cargo del extitular, Federico Sturzenegger. Luego, en la célebre conferencia de diciembre de 2017, la entidad elevó la meta a 15 por ciento. Aunque en su última estimación no oficial el Gobierno sostuvo una pauta del 40 por ciento para este año, nadie calcula que baje del 45 por ciento.Para el año próximo se habla de una inflación de entre el 23 y el 25 por ciento, pero nadie se anima a decir que será esa la pauta que traerá el último año de mandato de Macri.

 

Algo similar ocurre con el dólar: lejos de la proyección oficial en torno a los 40,10 pesos promedio, la tensión cambiaria de los últimos meses promete una divisa en alza para los próximos meses, aunque impredecible para lo que respecta a 2019.

 

Como consecuencia del acuerdo con el FMI, el Gobierno empieza a diseñar un plan de ajuste y recortes que le permita alcanzar el tan anunciado déficit cero.Por otra parte, el rubro de gasto que mostrará una mayor disminución absoluta serán los subsidios económicos, en los cuales se gastarán 287.302 millones de pesos, un 6,9 por ciento menos que en 2018, donde se destacan los destinados al sector transporte (-18,1 por ciento).A su vez, los gastos de capital alcanzarán 215.033 millones pesos y mostrarán una caída de 7,2 por ciento anual. Esto se traducirá en más tarifazos y trasferencia de subsidios a las provincias y menos inversión pública.

 

La estimación de la relación Deuda/PBI, del orden del 87 por ciento, es un duro reconocimiento para la gestión actual, lo cual había sido anticipado por distintos centros de economía y consultoras bajo la crítica oficial. Pero además, es un dato que a diciembre de 2018 muy posiblemente se encuentre subestimado. Según fuentes alternativas, como la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), hoy el peso de la deuda sobre PBI supera el 100 por ciento. Asimismo, si el tipo de cambio se modifica, el peso de la deuda se vería incrementado, tal como sucedió recientemente.

 

Incluso si se toma como creíble la pauta inflacionaria del 23 por ciento, en comparación con 2018, los ministerios más afectados serían Transporte (-50,6 por ciento), Interior y Obras Públicas (-3,3), Jefatura de Gabinete de Ministros (-10,9), Hacienda (-16,2), Producción y Trabajo (-11,7) y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (0,6). También sufriría una reducción la partida para el Poder Legislativo Nacional que, respecto del año pasado, recibirá -3,5 por ciento.

 

Esto genera una transferencia de responsabilidades a las provincias, que deben afrontar los gastos de subsidios claves como transporte y servicios públicos. Durante la presentación del proyecto, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne aclaró que “las transferencias corrientes a las provincias serán por 81.633 millones de pesosy mostrarán una caída de 17,5 por ciento anual, producto de que una parte de las transferencias por compensaciones del Consenso Fiscal no estará en 2019”.

 

En un contexto de recesión económica, de la caída del PBI y probablemente del empleo, el Gobierno plantea una por demás positiva recaudación. Según Dujovne, siempre en comparación con 2018, el Estado argentino percibirá suba por IVA (31,6 por ciento), aportes y contribuciones a la seguridad social (30,8), bienes personales (69,4), derechos de exportación (201,2), derechos de importación (46,9) e ingresos de capital -inversión privada o toma de deuda- (524).

 

Recortes sensibles

Más allá de los números, la movilización popular apuntó a la reducción y el efecto que estos recortes tendrá en áreas sensibles como salud o educación. El día del tratamiento en Diputados hubo un paro nacional educativo, cuando todos los niveles de la educación rechazaron los números del Gobierno. El 4 de octubre pasado hubo una marcha nacional en defensa de la salud pública, para denunciar los efectos que tendrá la degradación del Ministerio de Salud a la categoría de secretaría, que se profundizará en 2019 con el presupuesto proyectado.

 

El informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, entidad que trabaja en materia de salud pública y que la dirige parte del equipo que estuvo con Daniel Gollán en el Ministerio de Salud hasta 2015, analizó el impacto del proyecto en los programas y planes de la actual Secretaría de Salud.

 

“Al analizar el proyecto de presupuesto 2019 para salud queda claro que se va hacia la consolidación de un ajuste que comenzó en 2016. La reducción presupuestaria real en la mayoría de sus programas, así como la reducción significativa de las metas planteadas, refleja una retirada del Estado para descentralizar en las provincias la compra y distribución de insumos, sin el adecuado financiamiento”, sostiene el trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur.

 

En concreto, el informe establece que “en 2018, el presupuesto para el Ministerio de Salud de la Nación representaba el 1,55 por ciento del total del presupuesto, mientras que en el proyecto de presupuesto de 2019, la secretaría de Gobierno en Salud se lleva el 1,38 por ciento del presupuesto total”. Esto quiere decir que, para el año próximo, disminuye el porcentaje en un 0,17 por ciento. “Representa una diferencia de 10.900 millones de pesos menos que el Ejecutivo proyecta destinar al organismo de Salud del presupuesto total de la administración nacional entre 2018 y 2019”, remarca. Si se suman los presupuestos del 2016 al del año que viene, la caída es del 21 por ciento desde que Mauricio Macri es presidente.

 

En particular, Soberanía Sanitaria considera que el futuro presupuesto, así como está, “debilita la Atención Primaria de la Salud”. Como principal ejemplo, el documento analiza el programa CUS-Medicamentos, que reemplazó al programa Remediar, que desde 2002 entregaba tratamientos esenciales a personas sin cobertura médica. Este programa -destaca el informe- “presenta un aumento real del 12,7 por ciento en el crédito asignado de acuerdo a la inflación promedio estipulada para 2019 y un aumento del 7,25 por ciento en dólares, que posiblemente se explique por la incorporación de actividades no incluidas en el presupuesto inicial de 2018: asistencia con drogas oncológicas (Banco Nacional de Drogas Oncológicas), que se encontraba bajo la órbita del Instituto Nacional del Cáncer, y ayuda directa a personas, que se encontraba bajo la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del ex Ministerio de Desarrollo Social”.

 

En tanto, organizaciones de niñez y de derechos humanos denunciaron en el Congreso de la Nación el Presupuesto 2019, que -advirtieron- traerá “más hambre, más pobreza y menos derechos para nuestros niños, niñas y adolescentes”. "Somos muchas organizaciones de niñez y de derechos humanos, nos unimos en una mesa de articulación de ‘No a la Baja’. Estamos denunciando violencia institucional y el Presupuesto 2019. Hicimos un informe en la ONU y logramos que se tratara en una sesión del Comité de la Convención", explicó Marcela Val, referente de la FundaciónChe Pibe, con fuerte presencia en los barrios vulnerables de Lomas de Zamora.

 

Val dijo además que las Naciones Unidas mandaron recomendaciones que están en el documento, que tienen que ver con el tema del presupuesto: "Dicen que no puede ser regresivo, pero también señalan la necesidad de contar con el tema de educación sexual y de erradicar la violencia", detalló.

 

Además, el presupuesto plantea una baja en asignaciones, planes y subsidios en general. Según el proyecto, las jubilaciones crecerían a 37,6 por ciento. Esto parece muy lógico con una estimación de la movilidad, entre 33 y 37 por ciento.

 

Considerando la evolución del REM del Banco Central, la inflación entre julio de 2018 y junio de 2019 podría alcanzar el 37,65 por ciento, y es el período de inflación que se aplica para la actualización jubilatoria de enero a diciembre de 2019. Sin embargo, llama la atención la evolución de la Asignación Universal para Protección Social, que se incrementa en sólo 20,4 por ciento, es decir, por debajo de la inflación, pero además lo hace de manera diferente respecto de las jubilaciones, cuando todo debería crecer según la misma fórmula de movilidad.Los gastos para planes como Argentina Trabaja, Progresar y otros sólo crecen 14,6 por ciento, es decir, muy por debajo de la inflación.

 

Más aun, el proyecto de ley de Presupuesto 2019 también contempla que un conjunto importante de partidas del área social, que verifican aumentos en términos de financiamiento, éstos evolucionan por debajo de la inflación determinando caídas reales. Cabe destacar, en este sentido, el programa de Seguro de Desempleo (-18,2 por ciento), el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-20), Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social (-3,5), Apoyo al Empleo (-10,9), atención médica a beneficiarios de pensiones no contributivas (-10,3), programas destinados a la protección de los derechos de los niños y adolescentes (-18,2) y de la mujer a través del INAM (-8,3), entre muchas otras partidas que reflejan sensibles caídas.

 

La rosca política

Ahora, con el terreno allanado, todo dependerá del Senado. La Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Esteban Bullrich, se reunirá este martes para escuchar al ministro de Interior, Rogelio Frigerio, a representantes de cooperativas y mutuales, con la mira ya puesta en la firma del dictamen un día después y en la sesión plenaria del próximo 14 de noviembre.

 

La jornada, que se prevé extensa, iniciará a las 14.30 en el Salón Illia, donde hablarán en primer lugar Alejandro Simón, de la Asociación de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (Adira); Alejandro Russo, de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM); Carlos Ianizzotto de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro); Ariel Guarco, de la Alianza Cooperativa Internacional.

 

Luego, la comisión recibirá a Frigerio, quien además de defender el presupuesto, hará énfasis en otro proyecto, el que busca ratificar la adenda del Consenso Fiscal. En el documento, firmado por 19 gobernadores, se establecen mecanismos de compensación a las provincias, sobre todo por el traspaso del subsidio automotor y de la tarifa social eléctrica.

 

La otra iniciativa bajo análisis que también apunta a garantizar fondos a las provincias es la que eleva el mínimo no imponible y la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales. Pero la sanción tendrá que esperar, debido a que, según confirmó a la prensa el jefe del bloque justicialista, Miguel Ángel Pichetto, habrá cambios a la media sanción de la Cámara de Diputados.

 

Es que, luego de que el campo quedara eximido de este tributo, Pichetto impulsa un cambio para que también queden exceptuados del cálculo del impuesto las “casa-habitación” de un valor de hasta 18 millones de pesos (aproximadamente 465 mil dólares al cambio actual).

 

Otra discusión que podría colarse en la reunión del martes tiene que ver con la restitución del Fondo Federal Solidario o de la soja, un reclamo que volvieron a enarbolar la pasada semana algunos gobernadores del PJ que se reunieron con Pichetto.“Es un tema que vamos a volver a conversar con el ministro Frigerio”, adelantó el referente rionegrino. 

 

A la hora de votar el presupuesto, Cambiemos cuenta con 25 senadores propios, a los que sumaría una decena de legisladores de Argentina Federal, al menos tres del Interbloque Parlamentario Federal, los misioneros Maurice Closs y Magdalena Solari y uno o dos senadores por Santiago del Estero. Así, el oficialismo llegaría a 42 votos para alzarse con la denominada “ley de leyes”.

 

La pelea en las calles

Los gremios y movimiento sociales protagonizaron la principal protesta contra el presupuesto, y pese a la masividad de la jornada, la aprobación fue inevitable. Como viene sucediendo en esta gestión, la respuesta fue una violenta represión que terminó con detenidos y heridos, y que no hizo más que aumentar la tensión entre los sectores más rebeldes de los sindicatos y el oficialismo.

 

En total, fueron detenidos alrededor de 30 personas, la mayoría liberadas durante la madrugada. Además, hubo varios heridos, en especial por balas de goma. El accionar policial fue cuestionado por la dirigencia sindical, que en la previa alertó sobre infiltrados y maniobras para desvirtuar el reclamo. Entre los heridos hay dos enfermeras del hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, más un delegado auxiliar del mismo distrito. Todos fueron atacados cuando se retiraban de la movilización, junto a la columna de ATE Sur. Según denunciaron, durante el ataque quisieron llevarse detenida a la secretaria general de la seccional, Nora Quercia, que según los relatos, fue atacada por policías de civil que intentaron detenerla luego de que efectivos uniformados atacaran con balas de gomas a los trabajadores. “Fue un virtual intento de secuestro”, denunciaron.

 

“Hace estas maniobras con los disturbios y después una cacería brutal de compañeros que no tenían nada que ver con los incidentes; los detenidos no estaban en la Plaza del Congreso, no tenían piedras. Fue una cacería al estilo de las viejas épocas donde necesitaban encarcelar tantas personas por día”, dijo a Política del Sur José Peralta, de la CTA Autónoma porteña.

 

Luego de la aprobación del proyecto, la dirigencia sindical les apuntó a los legisladores por fuera de Cambiemos que dieron primero quórum y luego votaron a favor. En diálogo con Política del Sur, el dirigente de ATE Capital Federal Juan Manuel Sueirocargó contra estos diputados: “Quienes en nombre de la gobernabilidad apoyaron al Gobierno serán quienes ante la historia, juntos, tendrán que asumir sus responsabilidades en la miseria planificada a la que van a someter a sus compatriotas”. “Son los infiltrados de la Cámara de Diputados, mientras el Pueblo seguirá en las calles movilizado”, completó el dirigente estatal. 

 

En tanto, periodistas y fitógrafos se quejaron de la represión de la que fueron víctimas, una constante que se viene repitiendo en los últimos tiempos. A través del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), emitieron este lunes un documento en el que condenan los hechos del Congreso y alrededores, y pidiendo garantías para fututos eventos.

 

“Entre las decenas de heridos por balazos de goma hay trabajadores de prensa que se encontraban cubriendo los hechos. Las agresiones policiales contra la prensa no son un hecho aislado. En 2017, según denunciaron el CELS y el Sipreba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 45 trabajadores de prensa resultaron heridos con balazos de goma y 13 periodistas fueron detenidos y sufren persecución judicial por haber estado realizando cobertura de hechos de represión”, denunciaron las entidades. En lo que va del 2018, agregaron, se produjeron “detenciones arbitrarias de dos comunicadores populares en Bariloche y recientemente dos periodistas de Manifiesta fueron baleadas con perdigones por la policía en Trelew”.

 

Tras la última movilización, Sipreba aseguró que mientras se encontraban en Lima y Carlos Calvo registrando las detenciones, el fotógrafo y periodista Guido Piotrkowski recibió seis perdigonazos y el reportero gráfico Ignacio Sánchez uno en la cabeza. Además, Lucas De Posfay, camarógrafo de TeleSUR, recibió un balazo de goma en la mano cuando estaba en Avenida de Mayo y Santiago del Estero filmando el avance de las motos de la Policía. También, fue detenido arbitrariamente Fabricio Bacca, camarógrafo de la Agencia Télam.

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