lunes 19 de noviembre de 2018 - Edición Nº3079

Gremiales | 30 oct 2018

Los gremios advierten un aumento de la conflictividad social para fin de año

La represión de la semana que viene puso en alerta a la dirigencia sindical, que teme que el 2018 cierre con más situaciones como las que se vivió en el Congreso la semana pasada. Periodistas y fotógrafos piden que se garanticen las condiciones de trabajo en las manifestaciones. Del INTI al Posadas, los conflictos más tensos en estas horas.


 

Por Diego Lanese

 

La nueva represión en Congreso y alrededores, cuando se trataba el proyecto de presupuesto, alertó a la dirigencia sindical, que teme que el cierre de año tenga nuevos eventos como el del miércoles pasado. Las últimas movilizaciones marcaron la tensión que existe entre los gremios y el Gobierno, que hasta el momento se dirimió con las fuerzas policiales. Además, la judicialización de algunas causas contra dirigentes de peso -con Pablo Moyano a la cabeza- enturbia el ambiente. Por eso, los dirigentes lanzaron distintas alertas para evitar que la sangre llegue al río. Desde la Casa Rosada volvieron a hablar de pacto social para intentar calmar los ánimos. Los casos del INTI, donde los trabajadores denunciaron amenazas, y el hospital Posadas, prácticamente militarizado, dos ejemplos de la tensión creciente.

 

Las postales del miércoles pasado se repiten en las últimas movilizaciones importantes, en especial las llamadas por los gremios. Por eso, con diciembre a la vuelta de la equina, hay preocupación en la dirigencia. Los primeros en pedir seguridad en las futuras manifestaciones fueron periodistas y fotógrafos, que en los últimos tiempos fueron blanco de detenciones e incluso de represión mientras realizaban su trabajo.

 

A través del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y ARGRA, emitieron este lunes un documento condenando los hechos del Congreso y alrededores, y pidiendo garantías para fututos eventos. “Entre las decenas de heridos por balazos de goma hay trabajadores de prensa que se encontraban cubriendo los hechos. Las agresiones policiales contra la prensa no son un hecho aislado. En 2017, según denunciaron el CELS y el SIPREBA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 45 trabajadores de prensa resultaron heridos con balazos de goma y 13 periodistas fueron detenidos y sufren persecución judicial por haber estado realizando cobertura de hechos de represión”, denunciaron las entidades. En lo que va del 2018, agregaron, se produjeron “detenciones arbitrarias de dos comunicadores populares en Bariloche y recientemente dos periodistas de Manifiesta fueron baleadas con perdigones por la policía en Trelew”.

 

En la última movilización, Sipreba aseguró que mientras se encontraban en Lima y Carlos Calvo registrando las detenciones, el fotógrafo y periodista Guido Piotrkowski recibió seis perdigonazos y el reportero gráfico Ignacio Sánchez uno en la cabeza. Además, Lucas De Posfay, camarógrafo de TeleSUR, recibió un balazo de goma en la mano cuando estaba en Avenida de Mayo y Santiago del Estero filmando el avance de las motos de la Policía. Además, fue detenido arbitrariamente el compañero Fabricio Bacca, camarógrafo de la Agencia Télam. “Fue liberado después de identificarse como trabajador de prensa que estaba cubriendo los hechos. En el marco de la violenta detención los policías le robaron su teléfono celular”, denunció el gremio de prensa.

 

El clima de persecución contra los gremios se agudiza a medida que hay movilizaciones contra las medidas del gobierno nacional, o cuando los conflictos se extienden sin solución. Este es el caso del INTI, que desde mayo mantiene un acampe en la sede San Martín del organismo por el despido de 250 trabajadores. Hace dos semanas, desconocidos destrozaron el lugar donde se hacen las actividades sindicales y dejaron dos balas de arma de fuego en forma de amenaza.

 

“Seguimos manteniendo la permanencia en el acampe, en la ex mutual que esta gestión cerró. La situación de apriete y militarización del organismo sigue de la misma manera, no tuvimos ataques directos ni amenazas, pero siguen los aprietes”, le dijo a Política del Sur Sebastián Baldomir, secretario adjunto de ATE-INTI.

 

Además de esta situación, el delegado denunció que una de las medidas que se utilizan para amedrentar es el descuento de salarios para quienes se suman a las protestas. “Nosotros seguimos haciendo tareas sindicales, asambleas, seguimos reclamando por los compañeros despedidos, todo en un clima de persecución”, explicó, y agregó que “hay mucho miedo, ahora instalaron el sistema biométrico, eso lleva una cámara, parece un Gran Hermano gigante el INTI”.

 

Desde que estalló el conflicto por los 267 despidos, apenas hubo diálogo con las autoridades, y cuando hubo reuniones, no fue en buenos términos. De los despedidos, unos 50 fueron reincorporados por fallos cautelares, casi la mitad de ellos se cayeron por presiones del organismo y del Ministerio de Modernización. “Hay un clima horrendo”, asumió Baldomir.

 

Algo similar sucede en el Hospital Posadas, con más de mil cesantías, que desarmaron servicios y áreas completas. La presencia permanente de la Policía y la seguridad privada en el lugar hace que el lugar se encuentre “virtualmente militarizado”. Así lo dijo la federación médica Fesprosa, que llevó su reclamo por el nosocomio del oeste bonaerense ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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