miércoles 12 de diciembre de 2018 - Edición Nº3102

Opinión | 18 sep 2018

Informe especial: el ajuste golpea con fuerza al sistema sanitario y deja a la salud en coma

La degradación del Ministerio de Salud fue el punto final de una larga serie de medidas que ponen en jaque la atención sanitaria del país. Se retiran vacunas del Calendario Nacional, se recortan programas y las provincias deberán hacerse cargo de muchos de estos insumos. Los gremios del sector denuncian el ajuste y alertan sobre una “crisis sanitaria”.


Cuenta la anécdota que un día, en los pasillos del Hospital Militar, se cruzaron Juan Domingo Perón y Ramón Carrillo, por esos días jefe de Neurocirugía del lugar. Eran los primeros pasos de la primera presidencia y el líder miró a los ojos al médico sanitarista y le dijo: “No puede ser que en este país tengamos un ministerio para las vacas y no tengamos uno para atender la salud de la gente. Cuidamos más a las vacas que a los pobres”. Al poco tiempo, Carrillo se convertía en el primer ministro de Salud de la historia argentina, y por ocho años lograría mejorar la gran mayoría de los índices sanitarios del país, como mortalidad infantil y materna. Desde ese momento, la Nación asumió en sus manos su obligación constitucional de garantizar la salud de los habitantes de manera universal y gratuita.

Esa tradición tiene, luego de 70 años, un final. Mediante los decretos 801 y 802, el gobierno de Mauricio Macri modificó la estructura de los ministerios y degradó a la categoría de secretaría la cartera a cargo de Adolfo Rubinstein. La medida es una de las más polémicas de la actual gestión, que en materia de salud pública viene tomando decisiones cuestionables que atentan contra el acceso a la población a servicios esenciales como las vacunas.

El cierre del Ministerio de Salud -ahora bajo el techo del Ministerio de Desarrollo Social- cierra un círculo que especialistas y entidades científicas vienen criticando y que las provincias padecen. El ajuste fiscal que apunta a cumplir con las metas del FMI está dejando sin recursos a programas y direcciones que deben garantizar insumos como medicamentos y vacunas y deja sin atención a miles de argentinos que dependen de la atención estatal como única cobertura.

En este contexto, de la mano del entendimiento con el organismo multilateral de crédito, Nación reducirá los recursos que entrega a las provincias. Una de las medidas es dejar de aplicar una de las dosis de la vacuna contra la meningitis, que de cuatro refuerzos pasó a tres por falta de recursos para hacerse de las dosis necesarias. Además, hay un fuerte retroceso en la entrega de preservativos, anticonceptivos orales femeninos y tratamientos oncológicos. Para un gremio médico, asistimos a un “genocidio sanitario”.

El modelo sanitario de Macri apunta a crear un paquete limitado de atención en el Estado, a través de la Cobertura Universal de Salud (CUS) y descargar la responsabilidad a las provincias y la seguridad social. Para eso no se necesita una estructura nacional. Por eso, el plan incluye desmantelar el único hospital de jurisdicción nacional: el Posadas. Los despidos masivos no se detienen, se comenzaron a cerrar servicios, e incluso la semana pasada hubo rumores de cierre. La gravedad del estado actual de la salud en el país se proyecta a largo plazo, ya que las partidas para el 2019, que se comenzaron a difundir en el marco de la discusión del proyecto de presupuesto, hacen pensar que esta no es una tendencia aislada y que el año que viene se profundizará de manera peligrosa.

Fin de una era

Si bien Ramón Carrillo comenzó su tarea en el Ministerio de Salud en 1946, recién en 1949 se otorgó por ley el rango ministerial a la estructura que lanzó. Para ese momento, los avances del sanitarista eran notables. En poco tiempo, aumentó casi cuatro años la expectativa de vida promedio del país, y atacó problemas endémicos como el chagas o la tuberculosis. En pocos años, creó una red de atención que inauguró más de 4.200 establecimientos sanitarios.

Con el golpe militar del 55, la dictadura decidió cerrar la estructura nacional de salud y transferir el peso de la atención a las provincias. Así comenzó una situación sistemática en el país. Cada gobierno democrático nacionalizaba la salud, que cada gobierno de facto que lo derrocaba provincializaba. Hasta que en 1983 la gestión de Raúl Alfonsín decidió mantener como la conocimos hasta ahora. Así se generó la paradoja de un Ministerio de Salud sin hospitales, que interviene de manera horizontal en las provincias a través de programas de insumos y de atención. El mejor ejemplo es el de la vacunación. Nación compra las dosis incluidas en el Calendario Obligatorio y las distribuye a las provincias, que las aplican a través de su red de atención primaria.

Los decretos 801 y 802 ponen fin a la larga tradición sanitaria argentina. La degradación de la cartera sanitaria, ahora convertida en Secretaría de Gobierno de Salud, es un duro golpe para la salud pública. Con menos presupuesto y sin decisión directa de sus recursos, el peso del cumplimiento del derecho universal a la salud pasa a las provincias, que con recursos propios deberán afrontar gastos hasta ahora transferidos por el Estado nacional.

“El momento de degradación del Ministerio de Salud no podría ser más imprudente e inoportuno, dado el desafío que la salud global advierte sobre las epidemias del siglo XXI y atendiendo el imprescindible rol compensador que Salud debe desarrollar, muy especialmente en momentos en que una injuria programada sobre el tejido social y sobre el nivel de ingresos de la población sólo puede traer aparejado un incremento de los problemas de salud”, escribió Mario Rovere, uno de los sanitaristas más destacados del país, que alertó sobre la falta de respuestas del Estado ante las necesidades de la población. Rovere acusó al gobierno de Macri de estar “desinteresado” en cumplir sus obligaciones sanitarias.

En tanto, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) organizó un abrazo al edificio del ex ministerio para rechazar la decisión y alertar sobre los problemas que traerá la política de ajuste del gobierno a la salud argentina. “La eliminación del ministerio no es sólo de un cambio de denominación: convertirlo en secretaría, como existía antes de la aparición de nuestro primer ministro de Salud, Ramón Carrillo, y como se planteó en épocas del menemismo y de los gobiernos militares, tiene como objetivo liquidar direcciones, liquidar personal, liquidar presupuesto, en definitiva, restringir al mínimo la atención a los más necesitados”, advirtió el gremio mediante un comunicado.

Para la federación, “el contexto de esta decisión es la aplicación consciente y buscada de un ajuste inflacionario que llevará a un vertiginoso aumento de la pobreza, en particular la de nuestros niños, que rondará el 60 por ciento”. Junto al Movimiento por el Derecho a la Salud, Fesprosa aseguró que el achicamiento del sector es parte de la estrategia para imponer la CUS, el plan del Banco Mundial que ya se aplica en países como Colombia o México y que crea un paquete cerrado de prestaciones, contrario al modelo de atención universal.

Para la Fesprosa, “la Argentina viene sufriendo un proceso de ajuste sanitario muy grave a través de las políticas de implementación de la denominada Cobertura Universal de Salud (CUS). La CUS conlleva a la virtual privatización de la salud pública, con restricción de gastos para el sector en términos de programas nacionales, la precarización laboral y el despido de agentes de salud, el ajuste en el Hospital Posadas -el más grande del país y el único dependiente cien por ciento del Gobierno Nacional-, el intento de ajuste en el Hospital El Cruce de Florencio Varela y del Garrahan. La implementación se realiza a través de actitudes autoritarias como lo son las amenazas de discontinuar los envíos correspondientes a los programas nacionales a las provincias que no adhieran a la CUS”.

Menos insumos

La degradación del Ministerio de Salud fue el golpe final a una política de desmantelamiento del sistema sanitario. En los últimos años, las denuncias por falta de insumos se multiplicaron en las provincias, empezando por los programas de medicamentos oncológicos y llegando a las vacunas, garantizadas por ley en el país.

En este punto, el mes pasado el Gobierno tomó la decisión más polémica: eliminó una dosis de la vacuna contra el neumococo, que integraba el calendario obligatorio. La misma se aplica a niños de 3, 5 y 15 meses, también incluía a niños de 11 años, que ahora dejaron de recibirla de forma gratuita. La medida se basó en los problemas que existen en el abastecimiento de la vacuna.

La medida fue criticada por sociedades científicas y especialistas en la materia. La Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), por ejemplo, emitió un comunicado para manifestar su “preocupación” por esta suspensión. “La prevención primaria a través de las vacunas es una política de estado que se ha consolidado en nuestro país constituyendo un robusto signo de equidad y demostrando resultados indiscutibles en materia de prevención de enfermedades”, alertó la SAVE.

La entidad advirtió la “suma importancia” de que el Estado nacional “garantice la provisión de vacunas gratuitas y obligatorias para todas las etapas de la vida”, y exigió “una pronta solución para esta situación”. La misma actitud tomaron referentes de distintas entidadescomo la Fundación Huésped, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), que alertaron de los problemas en la salud pública producto de esta restricción.

Pese a las críticas, el entonces Ministerio de Salud nacional defendió la decisión. Mediante un comunicado en la página web de la cartera, se afirma que después de una reunión técnica con expertos en inmunizaciones, “está garantizada la totalidad de las vacunas del Calendario Nacional”. “Con respecto a la antimeningocócica, se acordó la estrategia de priorizar a los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida y posponer la dosis de los 11 años hasta contar con la disponibilidad necesaria. Esto es a causa de las dificultades en la adquisición y entrega desde su incorporación al Calendario Nacional de Vacunación”, explicó.

También, aclaró: “La enfermedad invasiva por meningococo en la Argentina es de baja incidencia (menos de 200 casos anuales) y se da en forma endémica, con brotes esporádicos. Los casos se presentan habitualmente en menores de 2 años de edad, especialmente en los menores de 1 año. El objetivo de la estrategia de vacunación contra meningococo es, por lo tanto, proteger a los lactantes que es la población más vulnerable de enfermar.”

Y garantizó: “Con 20 vacunas que están garantizadas por el Estado, para la protección de la población en todas las etapas de la vida, el Calendario Nacional de Vacunación es uno de los más completos del mundo.”

La vacuna tetravalente (ACYW) conjugada contra meningococo fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación por Resolución Ministerial número 10/2015 e implementada a partir de enero de 2017. El esquema de vacunación comprende dos dosis (3 y 5 meses de vida) y un refuerzo (15 meses de vida) en lactantes, y una dosis única a los 11 años.

Salud aseguró que la medida se tomó por problemas en la adquisición y entrega de las dosis, pero el laboratorio británico Glaxo lo negó. “GSK informa que el abastecimiento de la vacuna contra meningococo de los serogrupos A, C, W-135 e Y para el mercado público es normal y no hay demoras en la entrega de los lotes de vacunas requeridos”, indicó el texto de la empresa, y continuó: “La decisión de suspender la dosis de la vacuna para adolescentes de 11 años hasta contar con la disponibilidad necesaria para completar el Calendario Nacional de Vacunación, tal como fue comunicado por las autoridades, no se debe a una demora en la entrega o falta de suministro por parte del laboratorio.”

El tema de vacunas no es aislado, y es parte de un desfinanciamiento del sector. Ya en 2016 se degradaron secretarías (como la de SIDA y Lucha contra Enfermedades Vectoriales), y se dejaron de entregar algunos insumos, como preservativos, anticonceptivos orales femeninos y elementos para realizar diálisis. A futuro, la política de ajuste golpea a los programas de asistencia. Según la Fundación GEP, que trabaja con pacientes con HIV y hepatitis virales, por las restricciones de recursos en 2019 un tercio de las personas que reciben antirretrovirales de parte del Estado tendrán problemas para acceder a su medicación.

“Menos presupuesto que este año, con un dólar dos veces más caro y una inflación del 42 por ciento. El presupuesto de la Dirección de Sida y ETS pasará de 120 millones a 60 millones de dólares. Teniendo en cuenta que la mayoría de los medicamentos se compran a transnacionales y se pagan en dólares, esto significará que al menos el 30 por ciento de las personas con VIH no podrá acceder a sus tratamientos”, denunció la entidad.

En tanto, Lorena Di Giano, directora ejecutiva de Fundación GEP, argumentó: “El achicamiento del Ministerio de Salud no sólo tendrá consecuencias nefastas para todas las personas que acceden a la salud en Argentina, sino que también tendrá consecuencias a nivel regional. La epidemia de VIH-SIDA es una lucha mundial. Si se desarticula el financiamiento en Argentina, todo el mundo sufrirá las consecuencias.”

Desguace del Posadas

La política sanitaria nacional tiene un emblema: el desguace del hospital Posadas, el único de jurisdicción nacional. La semana pasada se concretaron nuevos despidos, que ascienden a más de mil en el último año, y terminó con la renuncia de directores y el cierre del servicio de cirugía cardiovascular pediátrica, una situación que dejó a miles de pacientes indefensos.

Hace unos días hubo otras 30 nuevas cesantías, que según las autoridades, se debieron a “incumplimiento de horarios”, aunque los telegramas hablaban de “reestructuración de personal”. Incluso, hubo versiones sobre un posible cierre, ya que muchas áreas dejaron de atender, como cirugía cardiovascular pediátrica, cuyos profesionales renunciaron ante el nuevo recorte.

“No creo que lleguen al cierre del hospital, pero sí a la imposición de la CUS y dar una canasta mínima de atención en los servicios públicos de salud”, adelantó María Fernanda Boriotti, secretaria general de Fesprosa. Para esa canasta -explicó- “no hacen falta todos los servicios, que serían derivados al sector privado, y el que pueda pagar tendrá atención, y el que no, perderá”. Y agregó: “Tenemos una gran preocupación por las políticas de salud que se están desaplicando y una clara direccionalidad del ex Ministerio de Salud que hacen retroceder los derechos sanitarios de la población”, dijo la dirigente.

El Instituto de Investigaciones Gino Germani, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Salud Mental Mauricio Goldenberg y la Fundación Soberanía Sanitaria, entre otros, cuestionaron la reducción del Ministerio de Salud al rango de Secretaría y advirtieron que la salud pública “está en peligro”. Estas ONG advirtieron que “la degradación del Ministerio de Salud, la primera que sucede en un gobierno democrático, además de ser elocuente desde lo simbólico, traerá aparejada una pérdida del poder de rectoría de la política sanitaria nacional, hasta entonces ejercido a pesar de innumerables dificultades, por dicho ministerio. Este cambio viene a sustanciar la reforma del sistema sanitario argentino que desde 2016 se pretende llevar adelante”.

Cuando asumió su cargo, Carrillo avanzó en una estrategia de atención pública de la salud y logró en poco tiempo bajar indicadores sanitarios que eran parte de un país inmerso en otra época. Así, por ejemplo, prácticamente eliminó la sífilis, enfermedad de trasmisión sexual. En estos días, un brote del mal en el país, en especial entre jóvenes, es una muestra de que las políticas de ajuste en salud traen graves consecuencias. Que no se miden en números, sino en pacientes.

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