lunes 10 de diciembre de 2018 - Edición Nº3100

Gremiales | 14 jun 2018

Con algunas excepciones, los gremios se movilizaron para apoyar la legalización del aborto

Las dos CTA y varias organizaciones sindicales dijeron presente en la histórica jornada, que decide el futuro del proyecto para despenalizar esta práctica. “Es una cuestión de salud pública”, dijo la federación médica Fesprosa. Hugo Moyano, en contra del proyecto. En el recinto, los diputados de extracción sindical se mostraron en su mayoría a favor de la iniciativa.


Por Diego Lanese

El largo debate en la Cámara de Diputados por la despenalización del aborto fue el principal tema del país esta semana y atravesó a todos los sectores. Cuando todavía se contaban los votos a favor y en contra (al cierre de esta edición no se había votado en el recinto) una enorme movilización apoyaba el proyecto de ley, que legaliza esta práctica hasta la semana 14.

En una Plaza de los dos Congresos colmada, organizaciones feministas, colectivos de mujeres y muchos otros espacios reclamaban que se apruebe este paso histórico, que lleva años en la agenda del sector. Entre los gremios, una gran mayoría se mostró a favor de la iniciativa y se sumó a la jornada de lucha. Algunos pocos dirigentes que no comulgan con el aborto decidieron no tener opinión pública, pero el sector laboral estuvo mayormente apoyando esta propuesta. Las dos CTA, los sindicatos médicos, la Corriente Federal y otros espacios se sumaron a la marcha y reclamaron por la aprobación. “Es una cuestión de salud pública”, argumentaron.

La discusión por la interrupción voluntaria del embarazo dividió al sindicalismo, que en general se mostró a favor de la despenalización. Pero esta semana, el documento “Los peronistas decimos sí a la vida y no al aborto” mostró el rechazo del camionero Hugo Moyano y otros dirigentes de peso, como Antonio Caló. La firma fue acompañada por los peronistas Jorge Capitanich y Jorge Yoma, además de los dirigentes cercanos al Vaticano Julio Piumato y Juan Pablo Brey.

“El debate, instalado por el Gobierno a instancias de los organismos multinacionales de crédito, ha sido planteado como una cuestión de derecho individual de la mujer sobre su cuerpo y de salud pública, pero no debe circunscribirse a una cuestión moral o de conciencia individual. La defensa de la persona humana y su derecho a la vida constituye el fundamento de la convivencia humana y la comunidad política”, explica el texto, al que tuvo acceso Política del Sur.

Pero este sector parece minoritario dentro del movimiento obrero. Las dos CTA y diversos gremios, incluida la cegetista Corriente Federal, que a través de su espacio Mujeres Sindicalistas respaldó la iniciativa legislativa. “Nuestro congreso se pronunció a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y fuimos parte de la campaña que motorizó esta idea”, dijo la secretaria administrativa de la CTA Autónoma, Claudia Baigorria.

En diálogo con este medio, la dirigente confirmó que esa central movilizó para respaldar la propuesta: “No se trata de decir aborto sí o aborto no, sino de decir aborto legal o clandestino. Estamos pujando por la legalización y que las mujeres tengamos derecho a definir sobre nuestros cuerpos”, manifestó.

Por su parte, la CTA de los Trabajadores también estuvo apoyando el proyecto e instaló una carpa donde se hicieron actividades y una radio abierta. Según la secretaria de Género de la central obrera, el lema de la jornada fue “Vivas, con trabajo digno nos queremos”, y unieron la actividad de ayer con el paro y movilización de hoy.

Por su parte, los gremios médicos nucleados en la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) vienen trabajando a favor de la despenalización, debido a que consideran el tema “una cuestión de salud pública”.

“En los hospitales nos encontramos con los problemas graves derivados de los abortos clandestinos, desde infertilidad hasta la muerte. El aborto existe, la mujer que lo puede pagar no sufre consecuencias y las mujeres más vulnerables terminan con estos temas físicos graves”, explicó María Fernanda Boriotti, secretaria general de la entidad y presidenta del gremio SIPRUS de Santa Fe. En diálogo con Política del Sur, ratificó que “este es un problema de salud pública, más allá de ‘aborto sí o no’”.

En cuanto a los votos de los diputados de extracción sindical, una buena parte de ellos votaban a favor. Se trata de los integrantes del bloque de Unidad Ciudadana Vanesa Siley (judiciales), Walter Correa (curtidores), Pablo Carro (CTA de Córdoba), Abel Furlán (UOM) y Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores). Además, la dirigente del PO y del bloque del FIT Romina del Plá también votaba a favor. De la vereda de enfrente se paran el diputado de Cambiemos Pablo Ansaloni (PRO), Jorge Taboada (camionero del partido de la Cultura, Educación y Trabajo) y Carla Pitiot (organismos de control). Al cierre de esta edición no se había votado, y los números extraoficiales eran muy parejos.

El borrador elaborado por los diputados que respaldan la iniciativa se basa en el proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ese colectivo presenta en el Congreso desde 2006, y recibió al menos cuatro modificaciones en busca de sumar mayores consensos y tentar a los legisladores aún indecisos.

El proyecto establece que "en ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer" y contempla penas que van de tres a diez años al que practique un aborto sin ese consentimiento, que se elevan a quince años en caso de muerte de la paciente.

Otro punto clave es que se obliga a los hospitales públicos, prepagas, obras sociales sindicales, del Congreso, de las Fuerzas Armadas y PAMI a realizar la práctica médica del aborto. Además, la iniciativa incluye la llamada “objeción de conciencia”, por la cual los profesionales que no quieran practicar abortos tendrán que informarlo previamente a la máxima autoridad del establecimiento en el que se desempeñen.

En tanto, las menores de 16 años van a necesitar su consentimiento y el de los padres o responsables a cargo. Después de la semana 14 se podrá interrumpir el embarazo sólo si se trata de "malformaciones fetales graves incompatibles con la vida

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