miércoles 12 de diciembre de 2018 - Edición Nº3102

Gremiales | 12 ene 2018

El Gobierno redobla la presión contra los gremios: fin de las reelecciones y posibles nuevas detenciones

El oficialismo busca promover en el Congreso un viejo proyecto que limita los mandatos de los secretarios generales. De esta forma, se “vengó” de la paralización de la reforma laboral, que entre la CGT y el peronismo tienen congelada. Además, ya dejó circular quiénes pueden ser los próximos dirigentes complicados por la Justicia. El sindicato del caucho, un símbolo de la pelea que viene.


Por Diego Lanese

Con las habituales sonrisas de ocasión, Hugo Moyano y una parte de la dirigencia de camioneros recibieron al ministro de Trabajo Jorge Triaca y autoridades del gobierno porteño en la inauguración de una clínica del sindicato en el barrio de Caballito. Fue el primer acto formal donde el oficialismo y el dirigente sindical volvieron a verse frente a frente, luego de un 2017 que cerró con algunos cortocircuitos. Si bien no se esperaba la presencia del presidente Mauricio Macri, el acto fue visto como un acto de distención, en medio de la guerra fría que el Gobierno lanzó sobre algunas de las figuras del sindicalismo nacional.

El estancamiento del tratamiento de la reforma laboral, pese al aval de una parte de la CGT, genera malestar en la Casa Rosada, que decidió pasar a la ofensiva con un proyecto polémico: el que limita la reelección de los secretarios generales. Además, desde el oficialismo dejaron circular versiones de nuevos avances sobre dirigentes cuestionados, algo que preocupa y mucho en Azopardo.

Para presionar en el Congreso, que debe tratar la reforma laboral, el Gobierno reflotó un viejo proyecto de la legisladora radical Soledad Carrizo, que busca evitar las reelecciones indefinidas de los titulares de los gremios. La diputada cordobesa ya había presentado hace unos años la iniciativa, que pasó sin pena ni gloria, hasta que en la Rosada vieron una oportunidad de reflotarlo, en medio de la disputa con buena parte de la dirigencia sindical.

El de Carrizo es uno más de los muchos proyectos similares que buscan modificar la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, incluyendo dos presentados por Facundo Moyano y la actual vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, que también limitan las reelecciones indefinidas. Ninguno fue tratado hasta ahora en la Comisión de Trabajo de la Cámara baja.

“La motivación de este debate no es debilitar al sindicalismo, sino más bien fortalecerlo”, alertó Carrizo, tratando de bajarle el tono a la pelea. Pero lo cierto es que en la lista de los diez dirigentes con más años conduciendo su gremio hay dos pesos pesados: el propio Moyano y Luis Barrionuevo, lo que hace de la iniciativa una fuente de tensión.

De aprobarse la ley, los gremios deberán modificar sus estatutos dentro del plazo de un año de promulgada, y el Ministerio de Trabajo controlará el cumplimiento de este requisito y la readecuación estatutaria, aplicando las sanciones correspondientes en caso de inobservancia.

Desde los gremios, quien salió a contestar fue el moyanista Omar Plaini, titular de los canillitas, hoy enfrentado al Gobierno -entre otras cosas- por el intento de intervención de su gremio. “No hay ningún problema en limitar los mandatos sindicales si vamos al fondo de la cuestión, que es discutir el problema moral que tiene el país. La cuestión de fondo es la pérdida de valores en la sociedad, discutamos todo, los titulares de las cámaras empresarias, los mandatos de gobernadores e intendentes”, reclamó en declaraciones radiales.

Reforma congelada

La decisión del Gobierno de salir con el proyecto “anti reelecciones” se puede leer como parte de la disputa por la aprobación de la reforma laboral, hoy estancada en la Legislatura. En entente entre el peronismo del interior -representado por Miguel Ángel Pichetto- y la CGT, hizo que el Gobierno reagrupara sus fuerzas y pospusiera su tratamiento para más adelante.

A diferencia de lo que sucedió con la reforma previsional, este proyecto no es de interés de los gobernadores, por lo que los senadores peronistas están libres para negociar sin órdenes de los gobernantes. Así, pidieron una postura unificada de la CGT, que entre internas y enojos prefirió pasar la discusión para más adelante. Esto hizo que ni unos ni otros definieran nada y el debate se cayera.

Además, el oficialismo no quiere pagar otra vez el costo político de una iniciativa antipática, que puede otra vez llamar a la acción al movimiento obrero. Si bien la “mesa chica” de la CGT dio el visto bueno a la medida, en la última relación del año, que contó con la presencia de Moyano y Barrionuevo, se dejó en claro que las diferencias internas serán saldadas en un futuro confederal, lo que salvó de la fractura a la central obrera.

Esto hizo que los más dialoguistas dentro de la conducción dejaran de llamar, por lo menos formalmente y en nombre de la CGT, a los despachos oficiales. Por su parte, Héctor Daer, triunviro de la CGT, aseguró que el proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo se trata de "un proyecto del Gobierno", por lo que "si el Gobierno quiere traccionarlo, que lo traccione el Gobierno". "Esto fue lo que se discutió, pero no es un proyecto nuestro. Algunas cosas se han modificado, otras se han sacado totalmente, pero esto no es un proyecto nuestro ni un planteo del movimiento obrero, sino un proyecto exclusivo del Poder Ejecutivo", aseveró Daer en declaraciones radiales. De esta forma, se desinfló la idea de que los puntos acordados en las discusiones del año pasado sean de alguna manera “militados” por los gremios mostrando sus beneficios.

Los dirigentes en la mira

En los despachos oficiales, la reforma laboral se fue apagando de a poco como tema central de las conversaciones. Hoy, los casos de detenciones de dirigentes son el tema casi exclusivo en la mayoría de los sectores que miran con preocupación cómo en el gobierno macrista se avanzó con detenciones productos de causas judiciales. Se motorizaron intervenciones de gremios hasta ahora no vistas.

El último caso, el del titular del SOEME, Marcelo Balcedo, parece el más grotesco, y desde la dirigencia sindical buscan despegar al sector del escándalo, ya que consideran que el dirigente “heredó el sindicato de su padre, no es un dirigente sindical, es un empresario”.

En La Plata afirman que los próximos dirigentes en la mira son dos involucrados en la causa por defraudación del IOMA: Carlos Quintana, de UPCN, y Roberto Baradel, de SUTEBA. A fines del 2017, se procesó a ex funcionarios, empleados e integrantes del directorio de la obra social bonaerense, en el marco de una estafa millonaria contra el IOMA. La medida judicial incluyó a los referentes de estos dos gremios, que forman parte de la conducción de la entidad.

Quintana está imputado en una causa en la que se investiga una defraudación en el IOMA por un monto de 2.800 millones de pesos. Ahora, la Justicia investiga la posibilidad de la participación (necesaria) del sindicato en la estafa a la obra social, donde UPCN y SUTEBA mantenían vocales. La causa investiga compras directas sin justificación, sobreprecio en el pago de medicamentos, internaciones domiciliarias truchas y prótesis que se cobraron y no se entregaban. El de Baradel es un caso distinto, no hay tantos indicios judiciales, pero su enfrentamiento con el Gobierno es muy marcado, además de liderar una de las disputas salariales más complejas en la provincia de Buenos Aires.

Estos casos se suman a nuevas intervenciones a gremios. La última fue del Sindicato de Obreros del Caucho y Afines de la República Argentina (SOCAYA), que por una cuestión electoral fue allanado por la Justicia Federal, en un inusitado despliegue de efectivos policiales. Como sucedió con el gremio de Plaini, una disputa interna fue la excusa usada para dar este paso.

Desde la CGT salieron al cruce, y en un comunicado advirtieron que “en los casos como el que se nos ocupa, las vulneraciones a los derechos sindicales y al principio del juez natural se realizan en el marco de una sugestiva mora administrativa de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, que soslaya la resolución de recursos e impugnaciones en tiempo y forma, lo que trata de enmendar con resoluciones intempestivas, fuera de sus facultades”.

“Esta modalidad, que ya resulta reiterada, implicará que esta entidad madre se aboque a la defensa de las organizaciones sindicales como instituciones de la democracia, cuyo marco de contralor debe ser conforme a los parámetros que desde hace largos años viene trazando nuestra legislación en materia de asociaciones sindicales, ley 23.551”, concluyó la CGT.

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