miércoles 15 agosto, 2018
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Informe especial: los intendentes de la región discuten el Pacto Fiscal con un ojo en los fondos y otro en el escenario político

>Redacción Redacción
febrero 26, 2018

La iniciativa debe contar con la adhesión de los jefes comunales e implica una serie de requisitos relacionados con los gastos, el personal municipal y la deuda contraída. Lanús lo discutirá en el HCD a fin de mes, con segura aprobación. Lomas y Almirante Brown esperan decisiones de sus jefes comunales. Fernando Gray gana tiempo, mientras espera definiciones del PJ. Jorge Ferraresi y un rotundo “no” que lo posiciona en la vereda de los “duros”.

Por Diego Lanese

El año pasado, 23 de los 24 gobernadores suscribieron al llamado Pacto Fiscal, un ordenamiento impositivo que cambia los recursos coparticipables y obliga a los distintos gobiernos a una serie de medidas tendientes a achicar el gasto público. En este esquema, la gran ganadora fue la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien logró recursos millonarios a través de un nuevo Fondo del Conurbano, que le dará dinero fresco en los dos años de gestión que le quedan por delante.

Luego de pasar por la Legislatura provincial, el proyecto de adhesión a la norma fue formalizado por un decreto a fines de enero, trasladando la discusión a un terreno más complejo: las comunas. Es que los intendentes deben sumarse a la nueva forma de repartir gastos, a través de los HCD, a cambio de fondos llegados de La Plata.

Pero la discusión no es sencilla. Los intendentes suelen ser reacios a que se metan con sus cuentas, en especial en materia de gastos, y el Pacto Fiscal implica un límite en ese ítem. Además, las cuestiones políticas se mezclan fácilmente. En contrapartida, el gobierno provincial se compromete a hacer fluir fondos, tan necesarios para las gestiones, en especial en el Conurbano bonaerense.

Como era de esperarse, la primera adhesión es política y tiene que ver con intendentes de Cambiemos. Lo mismo sucede con los rechazos. La segunda ola de adhesiones será estratégica e incluirá a intendentes con buena sintonía con la Gobernación, más allá de los colores partidarios. Allí ingresan varios jefes comunales de la región, que se muestran más “amables” con Vidal y buscan ser los interlocutores de la mayoría de sus pares peronistas. Los terceros, más radicalizados, quieren imponer condiciones, e incluso podrían no sumarse. Esto traerá tensiones por los recursos, pero no complicará la puesta en marcha del pacto, ya que la adhesión de los distritos es voluntaria.

La discusión está abierta, y por el momento se realiza al ritmo de la Gobernadora. En pleno verano, el tema comienza a hacer ruido en la región, y el as en la manga de Vidal es el compromiso de la Nación, que destinará unos 65 mil millones de pesos para que Buenos Aires llegue al 2019 con otra cara.

Llegan los recursos

El acuerdo logrado por el gobierno nacional con los gobernadores fue un doble triunfo de Vidal, que no sólo logró que se elimine el tope al Fondo del Conurbano, sino que además logró discrecionalidad en el reparto de los cuantiosos recursos. En dos años, Buenos Aires recibirá de este pacto, más allá de la pelea con los intendentes, unos 65 mil millones de pesos.

Este año serán 21 mil millones, y nada menos que 44 mil millones en 2019, el año que definirá las reelecciones del Presidente y la Gobernadora. Luego, a partir de 2020, la cantidad de dinero se actualizará en base a la inflación. Estos recursos irán destinados a “obras públicas y programas sociales del Conurbano bonaerense”, según establece el acuerdo firmado a mediados de noviembre del 2017 entre el gobierno nacional y 23 de los 24 gobernadores. La excepción fue el gobierno de San Luis, que se retiró de la mesa de negociaciones.

Lo formidable es que la forma en que se dividirán esos ingresos quedará a criterio de la Gobernación bonaerense, ya que quedó exceptuada -a diferencia del resto de las provincias- de lo establecido en el inciso G del artículo 9 de la ley 23.538 de Coparticipación Federal vigente, que exige contemplar “un esquema de distribución para los municipios que debe ser aprobado mediante una ley”.

Esto abrió una verdadera batalla por los recursos. La cuestión política pesa, pero incluso en distritos gobernados por Cambiemos -en especial donde los intendentes son radicales- hay preocupación por el impacto del plan. Si se sumaran, los distritos se comprometerían, entre otros puntos, a mantener el gasto de acuerdo al crecimiento poblacional, lo mismo que el personal municipal.

Además de mantener el gasto constante en términos reales, deben tomar otras medidas, como evitar un endeudamiento superior al 8 por ciento de los recursos y sostener administraciones ordenadas al salir del gobierno. Por su parte, permite que el gobierno provincial aplique una ley de responsabilidad fiscal en los municipios, una de las principales críticas de los intendentes, que hablan de “un mayor control de las cuentas municipales por parte del Ejecutivo provincial” y una vulneración de la autonomía comunal.

Como hasta ahora, el gobierno provincial distribuye los recursos de acuerdo al denominado Coeficiente Único de Distribución (CUD), que determina a partir de una serie de características (población, caudal turístico, capacidad potencial absoluta y per cápita de los municipios por la recaudación de tasas que le son propias, efectores de salud y otros parámetros) los fondos que reciben. A pesar de estar en plena discusión el Pacto Fiscal, La Plata ya difundió la nómina para este año, lo que generó malestar, ya que algunos intendentes que se sumaron al acuerdo fueron perjudicados.

En la región, si se compara el CUD del 2017 con el de este año, Lanús obtuvo una mejora del 3,06 por ciento y Lomas de Zamora del 0,53 por ciento. Los restantes fueron perjudicados: Almirante Brown perderá 3,81 por ciento; San Vicente 1,58; Avellaneda 1,17; y Esteban Echeverría 0,98.

La discusión en la región

Más allá de los números, que son importantes, la aprobación o no al Pacto Fiscal es una cuestión política que posicionará a los intendentes en la interna del PJ y marcará cierta postura respecto al gobierno de Vidal. Además, puso a trabajar a los concejos deliberantes, que miden fuerzas entre bloques para intentar imponer proyectos.

Como era de esperarse, el intendente “amarillo” de la región, Néstor Grindetti, confirmó que el próximo 26 de febrero el tema será tratado (y aprobado) en el HCD de Lanús. Cambiemos cuenta con votos propios y el casi seguro acompañamiento del bloque massista. Desde Unidad Ciudadana ya adelantaron el rechazo. Así lo adelantó la concejal Natalia Gradaschi, quien afirmó que desde su sector se oponen a esta norma provincial porque iría en contra del “fortalecimiento del Municipio”. Incluso, la calificó como una ley “extorsiva” que transforma a los intendentes en empleados del gobierno provincial, al estar “atados” y depender directamente de ellos. “Pone límites inconstitucionales para definir partidas presupuestarias o políticas locales”, puntualizó.

En tanto, los peronistas Martín Insaurralde y Mariano Cascallares analizan la situación y no adelantan prenda. Con el HCD bajo su mando, ambos quieren mantenerse en la vereda de los jefes comunales con buen diálogo con la Provincia, pero miran de reojo la interna peronista.

El jefe de Gabinete lomense, Guillermo Viñuales, aseguró que su distrito tiene “las cuentas ordenadas” y una cantidad de empleados acorde a la cantidad de habitantes, por lo que no estaría “acorralado” por las consecuencias de adherir al Pacto Fiscal impulsado desde el gobierno provincial. “Martín decidirá en conjunto con otros intendentes y nuestros legisladores si firmarlo o no”, aclaró el funcionario en diálogo con el programa radial Política del Sur, a partir de la iniciativa desde bloques oficialistas en distritos vecinos de presionar a sus respectivos Ejecutivos para la adhesión.

Algo similar piensan en Almirante Brown. El concejal del oficialismo Ignacio Villaronga dijo que el proyecto lo recibirá específicamente el Intendente y será él quien lo analice para tomar la decisión de adherir o no. A partir de esa decisión, el bloque acompañará la postura.

En cuanto a Esteban Echeverría, el segundo del peronismo provincial, Fernando Gray, accedió a discutir un proyecto del bloque Cambiemos, una alternativa que se explora en varios distritos donde gobierna el PJ. El oficialismo, en mayoría, envió el tema a discusión, y hoy no existe certeza de cómo se definirá el jefe comunal, pero hay motivos para pensar que podría seguir el camino de la aprobación.

Lejos del diálogo, Jorge Ferraresi, mandamás de Avellaneda, aseguró que no firmará la normativa que reclama Vidal. “No vamos por el camino del Pacto Fiscal que propone el gobierno provincial. Al contrario, vamos a invertir, somos un Estado presente”, confirmó públicamente en su momento el Intendente, que forma el grupo de jefes comunales enrolados en el kirchnerismo, los cuales se muestran más opositores a las políticas oficiales. Casi como una provocación, hace poco Ferraresi formalizó el pase a planta de 800 empleados, adelantó que sumaría 100 más y anunció un aumento salarial del 30 por ciento. Todo lo contrario de lo planteado desde Provincia.

Avance lento

Por el momento, el conteo de adhesiones no es demasiado masivo. Hay actualmente 52 distritos que firmaron el pacto, de los cuales sólo nueve son del PJ. Se trata de Néstor Álvarez, de Guaminí; Roberto Álvarez, de Tres Lomas; Mario Ishii, de José C. Paz; Hugo Corvatta, de Saavedra; Gustavo Barrera, de Villa Gesell; Walter Festa, de Moreno; Hernán Y Zurieta, de Punta Indio; Jorge Cortés, de Hipólito Yrigoyen; y Marcos Pisano, de Bolívar. Además, Patricio Mussi, de Berazategui, adelantó que se sumará al pacto, aunque no formalizó su paso por el Concejo Deliberante. El resto son jefes comunales oficialistas.

“Van a adherir casi todos”, dicen entusiasmados en el Ministerio de Economía bonaerense, que sigue de cerca cada negociación. Para el ministro Hernán Lacunza es un desafío lograr que esta pelea termine con saldo a favor de Vidal para que transite sin problemas un año bisagra y desembarcar con una buena imagen y espacio de gestión para 2019, el año de las elecciones.

Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, se plantó ante las críticas del kirchnerismo y sostuvo: “Cualquier intendente que hace las cosas bien no tiene que tenerle miedo al Pacto Fiscal, es un mayor cuidado de los recursos de los bonaerenses, y eso es lo que queremos todos, sin distinción partidaria.”

Para los gobernadores, el límite sería el 15 de abril

A diferencia de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, donde el Gobierno negocia con intendentes sin fecha límite, en la Casa Rosada hicieron saber a los gobernadores que la adhesión tiene un tiempo: el 15 de abril. Así lo indican las versiones periodísticas, al asegurar que el presidente Mauricio Macri les dijo a sus funcionarios cercanos en el reciente retiro espiritual en la localidad de Chapadmalal que endurecerá la postura con los gobernadores que no cumplan con su palabra de sumarse al Pacto Fiscal. En el encuentro habrá bajada de línea sobre la relación con los gobernadores. Con el Pacto Fiscal ya firmado, Macri ordenará a los ministros Rogelio Frigerio (del Interior) y Nicolás Dujovne (de Hacienda) ponerse firmes ante los requerimientos de las provincias que no cumplan con lo acordado.

En los hechos, la Casa Rosada ya comenzó a tensar la cuerda con los jefes provinciales que no se sumaron, incluso los aliados. Así, en enero se cerró el grifo del Fondo Federal Solidario, que reúne unos 588 millones de pesos. Ese dinero no fue girado para Chubut, Corrientes, Santa Fe, San Juan, La Rioja, La Pampa, Jujuy y Mendoza. Las legislaturas de estas provincias aún no ratificaron el Pacto Fiscal firmado por los gobernadores con Macri.

La situación financiera de las provincias viene en parte oxigenada por el impacto de la coparticipación del 9 por ciento de la detracción de la Anses. Y las 14 que sí ratificaron el Pacto Fiscal están siendo compensadas con transferencias extraordinarias mientras también opera la derogación del artículo 104 de la Ley de Ganancias.

En tanto, en el primer mes del año, la totalidad de los distritos recibieron por coparticipación y leyes especiales, en conjunto, 78.554 millones de pesos, una suba del 36,6 por ciento respecto al envío de fondos durante el mismo período del año anterior, dice un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

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