Sat22072017

Actualizado03:52:33

Back Actualidad actualidad Conflicto en PepsiCo: el FIT pide la renuncia de Ritondo
Conflicto en PepsiCo: el FIT pide la renuncia de Ritondo PDF Imprimir E-mail
Escrito por Redacción   
Viernes, 14 de Julio de 2017 03:06

El ex diputado provincial Guillermo Kane afirmó que la jueza que ordenó el desalojo de la fábrica y el Ministerio de Seguridad “tienen responsabilidad directa” en la represión policial a los trabajadores.

 

Presente en las inmediaciones de la multinacional PepsiCo, de Vicente López, donde ayer la Guardia de Infantería de la Policía Bonaerense reprimía brutalmente a obreros despedidos que permanecían dentro de la empresa, el precandidato a diputado provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Guillermo Kane afirmó que desde ese espacio piden la renuncia del ministro de Trabajo provincial, Cristian Ritondo, quien justificó los palos, gases lacrimógenos y demás métodos violentos de disuasión policial.


En diálogo con el programa radial Política del Sur, el ex legislador señaló que Ritondo “tiene una provincia asolada de delincuencia, pero actúa con rapidez para golpear a trabajadores que reclaman por su derecho al trabajo”, y agregó: “Entonces, esta represión completamente ilegal la estamos denunciando y ya se están convocando acciones de repudio”. Asimismo, se pronunció en contra de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, quien dio la orden a la policía de desalojar. Es la ex esposa del diputado macrista Walter Caruso.


Ejemplo de esas acciones de solidaridad -contó- se concretaron ese mismo día con el paro de la Unión Ferroviaria de la línea Sarmiento y con la movilización en la ronda semanal junto a las Madres de Plaza de Mayo, convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Además, hoy el FIT dará una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación y hará un plenario de trabajadores en el auditorio Fauré, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen 381, en Avellaneda, a metros de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Y el sábado se realizará otro plenario en la ex fábrica Donnelley, en Garín.


Kane contó que la represión fue “brutal”, que se encontraron “postas de plomo y de goma que han sido tiradas” y que “se han usado gases lacrimógenos, palazos contra los trabajadores, hay heridos que se han ido con problemas respiratorios, con golpes”. También hubo seis detenidos en la Comisaría 1° de San Fernando que ya fueron liberados.


En ese marco, aseguró que “ha habido un hecho que no se ha ni siquiera intentado resguardar, incluso una negociación de cómo llevar adelante una orden judicial, sino que se ha actuado con saña para generar un hecho violento, que efectivamente parece ser la intencionalidad de este gobierno, hacer su campaña electoral mostrando mano dura contra los trabajadores que reclaman”.


Luego, continuó: “Acá ha habido una acción completamente sin provocación de parte de los trabajadores, se ha embestido a quienes estaban resguardando la planta donde trabajan, en algunos casos, hace muchísimos años”. Con el cierre de esta fábrica, se perderían 680 puestos laborales.


Kane remarcó que este hecho “envalentona una ola de despidos que se está dando en todas las provincias del país”, como PepsiCo, “uno de los monopolios del mercado que no puede aducir ningún tipo de crisis económica que lo obligue a despedir familias trabajadoras”.


Sin embargo, aseguró que la idea de la firma es “deshacerse de la organización gremial, de los trabajadores con antigüedad, y pagar salarios más bajos en otra planta que está montando en Mar del Plata”. Mientras tanto, el gobierno nacional habilita la importación de productos PepsiCo desde Chile.


Tras ser consultado sobre si hubo alguna propuesta desde el Gobierno para dar respuesta a esta situación, Kane dijo que la misma es que los trabajadores echados “tomen la indemnización y se vayan, cuando está claro que el mercado laboral está disminuyendo brutalmente, que hay un 40 por ciento de la industria que está ociosa”.


“Con una indemnización, ponerse a trabajar en un remís no convence a nadie, la gente quiere tener una continuidad y una estabilidad laboral porque es lo único que puede garantizarle darle de comer a su familia el día de mañana, y esto es lo que (los trabajadores) están reclamando”, destacó.


Finalmente, concluyó: “Entendemos que tanto la jueza que interviene en el caso, que es una jueza nueva en San Isidro directamente vinculada al PRO, como las autoridades de la Provincia, y en particular el Ministerio de Seguridad, tienen una responsabilidad directa sobre la forma en que se ha llevado adelante este operativo”.