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Trabajo en negro: la informalidad avanza y el Gobierno busca frenarla con planes y leyes PDF Imprimir E-mail
Escrito por Redacción   
Miércoles, 17 de Mayo de 2017 03:49

La precariedad laboral alcanza a cerca de la mitad de los trabajadores, según cifras extraoficiales. Desde que Mauricio Macri llegó al poder, el mercado negro del trabajo se disparó, por lo que el Gobierno lanzó una serie de medidas para intentar frenar el fenómeno. Los gremios piden más intervención estatal y controles para lograr una mayor formalización.



 

Por Diego Lanese

 

En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra “changa” significa “ocupación transitoria, por lo común en tareas menores”. Para millones de argentinos, más allá de las definiciones académicas, “changa” significa supervivencia. Para estos trabajadores, la changa es parte de la rutina, salir en busca de alguna tarea que les permita terminar el día con la comida en la mesa. El “changarín” -como se lo conoce- es la máxima expresión de la precariedad laboral, aunque no la única. Cada jornada, muchos empleados cumplen horarios, hacen diversas tareas y reciben un salario mensual. Pero por alguna razón, sus derechos son violentados.


No hay cifras exactas del trabajo en negro en la Argentina, pero todos los actores coinciden que su impacto es uno de los problemas más importantes del mercado laboral local. Desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, las principales mediciones coinciden en que hubo un aumento de la precarización, de la mano de una mayor presión sobre el trabajo estable.


En algunos sectores, el “negro” llega a casi la mitad de los puestos laborales, como sucede en la agricultura o la construcción. Cuando el kirchnerismo dejó el gobierno, se estima que la precariedad estaba en niveles del tercio del mercado (31 por ciento), y en estos 500 días aumentó varios puntos. Sectores sindicales hablan de que este fenómeno alcanza ya el 40 por ciento.


Ante esto, el Ejecutivo nacional piensa en una batería de medidas, comenzando por el plan Empalme, que busca transformar planes de ayuda social en puestos genuinos, con aporte del Estado a las empresas. Si bien muchos dicen que hay programas desde hace años de ese tipo, en el Ministerio de Trabajo afirman que este programa tiene “otra lógica”.


Por su parte, los gremios se mantienen atentos a esta y otras iniciativas y reclaman una política de mayor control sobre el trabajo no registrado.


Los datos del fenómeno


En un país acostumbrado a relativizar las cifras, medir el mercado negro del trabajo es un verdadero desafío. Las principales estadísticas apuntan a darle forma a un sector heterogéneo, que muta y es muy sensible a los vaivenes económicos. Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, el pico más alto de informalidad se registró en el cuarto trimestre de 2003, con un 48,9 por ciento del mercado. Luego de un año de una pequeña caída (48,5 por ciento en 2004), se inició un largo proceso de baja, hasta alcanzar dos grandes picos por debajo del 35 por ciento, considerada una línea histórica. En el cuarto trimestre de 2012 se llegó al 31 por ciento, y al dejar Cristina Fernández de Kirchner el gobierno, el sector “negro” quedó en 31,9 por ciento. En el primer año del gobierno macrista, este índice llegó al 33,6, y las cifras oficiales afirman que afecta a unos 4 millones de trabajadores. Estimaciones privadas aseguran que en realidad son 7 millones 700 mil los trabajadores en negro.


Cuando desde el Gobierno hablan de la creación de empleo, algunos indicadores le dan la razón. El problema es el tipo de empleo. Según el informe “Un año de Macri en el mercado laboral argentino, evolución 2016”, elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), se determina “el estancamiento de la ocupación y el cambio en la composición de la misma”.


Con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) del Ministerio de Trabajo, esta entidad observó “una caída del empleo registrado, un aumento de los asalariados no registrados y un incremento de los cuentapropistas que perciben ingresos inferiores al salario mínimo”.


En el caso de la información que brinda el SIPA (sólo registrados), hay una caída en los asalariados del sector privado (-46.156) y del sector público nacional (-1436). En tanto, se incrementan los trabajadores autónomos (9.499), los monotributistas (38.280), los monotributistas sociales (27.759) y los empleados públicos provinciales y municipales (28.869).


“Sin temor a equivocarnos, podemos concluir que, luego del primer año de Macri, el empleo de calidad brilla por su ausencia”, afirma el diputado nacional Claudio Lozano, coordinador del IPYPP.Por zonas, el INDEC remarcó que, en la Ciudad de Buenos Aires, el trabajo en negrono alcanza el 20 por ciento (19,6), mientras que en el Conurbano bonaerense la tasa se dispara al 37,9 por ciento. Salta tiene el triste récord de 44,8, seguido por Tucumán (42,3) y Santiago del Estero (38,1).


Los planes oficiales


Ante esta problemática, desde el Gobierno buscan implementar una serie de planes para intentar mitigar los efectos del mercado informal. Para eso, están en carpeta al menos dos proyectos de ley que apuntan a la formalización de trabajadores no registrados.


Uno de los primeros programas lanzados fue la Ley de Primer Empleo, que el año pasado quedó empantanada en la Cámara de Diputados por la oposición de legisladores peronistas. En la cartera que dirige Jorge Triaca admitieron que se harán cambios al texto para seducir a la CGT, principal obstáculo de cara a un plan que la dirigencia sindical denunció como de flexibilización laboral.


De tener chances la nueva presentación de la normativa, se creará un “Régimen de Promoción del Primer Empleo y de la Formalización del Trabajo”, que tendrá alcance nacional y un tratamiento especial para las provincias que integran el Plan Belgrano, donde se concentra el mayor porcentaje de asalariados no registrados y las formas de empleo más precarias del país. Las iniciativas están en línea con los objetivos que trazó el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, entre ellos, la instauración de beneficios y exenciones impositivas para empleadores.


Pero sin duda, los anuncios realizados por Macri en el acto del Día de los Trabajadores ante la “pata gremial” del Gobierno son las principales medidas contra el mercado negro. Se trata del programa Empalme, que se lanzó en un clima de fiesta junto al principal referente gremial del Gobierno, el titular de la UATRE, Gerónimo “Momo” Venegas.


Según el anuncio, el Estado le dará el monto del plan a la empresa que contrate a un desocupado que, además, sea beneficiario de esa ayuda por un plazo de 24 meses. Si el trabajador es despedido, vuelve a cobrar el subsidio. El límite para el cálculo del beneficio serían los salarios brutos de hasta 12 mil pesos y podría haber excepciones según la región donde esté radicada la empresa que recibirá el auxilio.


En el Ministerio de Trabajose entusiasman con estos planes y esperan que al final de este año se den los primeros resultados. Cuando se lanzó el Empalme,algunos dirigentes opositores criticaron que se anunció una medida “que ya existía” durante el kirchnerismo, e incluso hablaron de promover la precariedad, en vez de combatirla. Pero la cartera que dirige Jorge Triaca se defiende.


“Los programas actuales entregaban el subsidio a los empleados, mientras que ahora la ayuda va a la empresa. Es un cambio de lógica, de filosofía incluso”, aseguraron a Política del Sur fuentes de la cartera laboral. Las mismas recordaron que “en el Gobierno creen que las que generan trabajo son las empresas, y hay que apuntar a ellas directamente. No es mejor que antes, sólo distinto”.


La mirada de los gremios


En la CGT, los planes oficiales son mirados con cautela y saben que el combate al trabajo en negro es clave para este momento. Uno de los sectores donde la informalidad es muy fuerte es en el campo. Pese a que Venegas es uno de los dirigentes claves del Gobierno, la actividad agropecuaria tiene un fuerte componente precarizado.


“En nuestro sector, el trabajo en negro sigue igual que antes de la asunción de Macri. Lo que sucede en estos momentos es que no se están haciendo inspecciones, nosotros dependemos mucho del Estado para poder contrarrestar el trabajo no registrado. El gremio solo no puede hacerlo, porque podemos llegar al portón nada más, si no nos dejan entrar es muy complicado”, sostuvo Gustavo Arreseygor, titular del Sindicato Argentino de Trabajadores Horticultores y Agrarios (SATHA).


Para cambiar esto -aseguró el dirigente en diálogo con Política del Sur-algunas regionales de la CGT están buscando alternativas. En La Plata, por ejemplo, se impulsó un convenio con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para poner veedores delos gremios que forman la regional, y así poder tener un mejor control sobre el trabajo informal. “Es una buena iniciativa que impulsó (Carlos) Quintana y que el ministro de Trabajo Villegas la tomó y la firmamos”, dijo.


El sector agrario tuvo un fuerte cambio en materia legislativa, cuando el Gobierno decidió terminar con la experiencia del REATEA y volver al viejo RENATRE. “Ahora que el registro está en manos de UATRE, no se están haciendo inspecciones, no hay un control. El organismo debería seguir en manos el Estado, hoy está en manos de un gremio privado, y así estamos. Así queda demostrada la convivencia del gremio de Venegas con lasgrandes empresas del campo argentino”, sostuvo Arreseygor.


Ante esta problemática, la CTA de los Trabajadores lanzó hace unas semanas su Frente Barrial, que busca aglutinar las organizaciones que nuclean a los precarizados. “La CTA desde su fundación incluye trabajadores no registrados y no sindicalizados. No es la primera vez que le intentamos dar una forma de organización de tipo más gremial a este tipo de trabajadores”, explicó Juan Vita, presidente de la Federación de Movimientos Sociales de la CTA.


En diálogo con Política del Sur, Vita recordó que hay muchas organizaciones que forman parte de la central que comanda Hugo Yasky, como así también de la CTA Autónoma, presente en el acto de Avellaneda, que tienen estas características. “Decidimos retomar este trabajo, darle un espacio de contención a ese universo que es bastante heterogéneo, que no es todo lo mismo”, agregó.


El dirigente consideró que estas problemáticas “hoy tienen mayor visibilidad”, y recordó que “desde el ‘92, cuando se fundó, la CTA toma y reivindica estas demandas”. “Incorporar a estas organizaciones es una de las partes por las que la central no tiene todavía personería gremial, porque las leyes argentinas no reconocen un modelo de sindicalismo donde intervienen federaciones y trabajadores por su cuenta, entidades de primer grado”, destacó.


Para la CTA, las demandas de estos espacios tendrán, en tiempos de Mauricio Macri Presidente, mayor relevancia por el crecimiento del sector informal. “Cada vez más trabajadores pierden la posibilidad de estar sindicalizados. No es que rechazan los gremios tradicionales, sino que los dejan fuera del trabajo o les ofrecen trabajo en negro, precarizado”, concluyó Vita.


La importancia de este lanzamiento puede medirse en un dato: según sus estimaciones, los trabajadores precarizados representan hoy casi el 40 por ciento del mercado laboral.

 
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