sábado 20 octubre, 2018

En una nueva sesión polémica en el Concejo Deliberante, los bloques de Unidad Ciudadana y el de Cambiemos se cruzaron con dureza y los ediles del oficialismo fueron abucheados por docentes y auxiliares presentes en el recinto. Además, se aprobó el rechazo a la digitalización de las boletas impresas de servicios públicos.

Oficialismo y oposición no se dan tregua en el Concejo Deliberante de Lanús. En la sesión ordinaria del viernes pasado, el centro de la polémica fue la declaración de la emergencia alimentaria en todo el ejido del distrito por 24 meses, un expediente presentado por el bloque Unidad Ciudadana-PJ.

Lo que buscaba el proyecto era crear un programa de asistencia alimentaria y una comisión integrada por distintos actores políticos, religiosos, académicos, de organizaciones sociales y del mismo Municipio, según explicó el concejal Héctor Montero.

En ese sentido, la concejal de Unidad Ciudadana-FpV, Natalia Gradaschi, sostuvo que “la realidad en la que estábamos en el país en el momento de la presentación del expediente a hoy, se ha profundizado mucho más”.

Al respecto, remarcó que en las escuelas se puede ver que “se está profundizando el hambre”, debido a las distintas “políticas de ajuste” que implementa el gobierno nacional. “El trabajador asalariado no puede afrontar la compra mínima de los insumos básicos para garantizar la alimentación de los miembros de su familia”, criticó.

Asimismo, la edil recordó la presencia permanente de representantes de sindicatos en la sala que reclaman el debate por “la grave situación del Servicio Alimentario Escolar (SAE)”, no sólo por la falta de cupos, sino también por la “mala calidad” de los alimentos que llegan a las escuelas y la ausencia del Estado al no sancionar a los proveedores.

El momento más tenso del debate fue cuando tomó la palabra la concejal de Cambiemos Laura Lavandeira, quien se refirió a los “números mentirosos que dijeron en el otro lado de la banca”, cuando la oposición argumentaba con porcentajes la realidad económica actual. Por el contrario, la edil macrista aportó también con números, pero arremetiendo contra el gobierno anterior y ponderando lo hecho hasta el momento por el actual.

“Cabe recordar que no hay datos exactos sobre la pobreza durante el mandato kirchnerista. Ocultaban los datos de la inflación y no actualizaron en doce años los valores de la canasta”, disparó Lavandeira, comparándolos con los “datos serios” que ofrece el oficialismo al haber logrado la “recuperación del INDEC”.

Además, indicó que, si se aprobara lo que solicitaba la oposición, se dejaría “la puerta abierta al clientelismo legal, según lo cual cualquier gobierno de turno puede destinar partidas de cualquier área, otorgar alimentos en cualquier cantidad a cualquier persona”.

Durante toda la alocución de la edil, el presidente del Concejo, Marcelo Rivas Miera, debió pedir a los miembros de gremios y organizaciones presentes en el fondo del recinto que hagan silencio, lo cual fue imposible. Indignados y con carteles que decían “Con la comida de los pibes no”, “Mejor calidad en los alimentos”, “Pedido de informe SAE Ya”, “Más cupos para los comedores” y “¿Qué pasó con la empresa Proveer?”, la cuestionaban con gritos y abucheos para contraponer los números que ella leía con la realidad que ellos ven a diario en los barrios y las escuelas públicas del distrito.

Imposibilitados de continuar con la sesión, Rivas Miera ordenó pasar a un breve cuarto intermedio para calmar los ánimos, y así el debate continuó, aunque no sin chicanas, hasta que finalmente, al ir a votación, la iniciativa quedó desaprobada.

Otros proyectos

Otro expediente que se trató, pero que en este caso logró su aprobación por mayoría, fue el rechazo al decreto 27/2018, que modifica la ley nacional 24.240 de Defensa al Consumidor, lo que permite a las empresas de servicios públicos digitalizar las boletas que llegaban impresas a los hogares. Para acompañar este pedido estuvieron presentes en la sala trabajadores de la Federación Gráfica Bonaerense y de Camioneros.

Sobre esta propuesta, el concejal de Unidad Ciudadana-FpV Edgardo Depetri argumentó que con ese decreto hay un “riesgo de pérdida de alrededor de 30 mil y 40 mil puestos de trabajo, entre sectores gráficos, papeleros, personal de correos, camioneros, bancarios”. Pero también señaló que “lo que hace es debilitar la capacidad de nuestro pueblo de saber cuánto le viene en una boleta de luz, de agua o de gas, porque hay millones de compatriotas que no tienen acceso al servicio de Internet”.

“Es una manera de encubrir el tarifazo, porque no hay condiciones de controlar el gasto que nos llega todos los meses a nuestros hogares. Hay una vulneración muy grave al derecho del usuario”, acusó Depetri.

Por otra parte, se autorizó al Ejecutivo a suscribir un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense para llevar a cabo el programa “Responsabilidad Social Compartida Envión”, con el objetivo de brindar apoyo a jóvenes lanusenses en situación de vulnerabilidad.

También, hubo dos manifestaciones de repudio: por un lado, el concejal de Unidad Ciudadana Mariano García mostró preocupación por los dichos de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien cuestionó que se haya “poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas”, debido a que “nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad”. En tanto que su par Natalia Gradaschi rechazó “los dichos misóginos” del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, contra la senadora nacional Cristina Fernández, al pedirles a los senadores que tratarían el proyecto para retrotraer las tarifas a noviembre de 2017 que “no se dejen conducir por las locuras” de la ex presidenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Política Del Sur
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