sábado 21 julio, 2018

El oficialismo aprovechó la jornada para despacharse contra el gobierno de Mauricio Macri, y los cruces entre los bloques se hicieron oír. El resto de los proyectos fue lo de menos.

 

Breve pero agitada. Así fue ayer la segunda sesión ordinaria del año en el Concejo Deliberante de Avellaneda, donde el bloque PJ-Unidad Ciudadana, con el acompañamiento del Frente Renovador, logró que se apruebe un “enérgico repudio” al decreto de necesidad y urgencia que firmó el gobierno nacional para modificar el programa educativo Progresar impulsado en 2014, que ahora se llama Becas Progresar.

 

El proyecto fue impulsado por agrupaciones estudiantiles de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y algunos de los motivos por los cuales se presentó el rechazo son que el plan Becas Progresar registra “una reducción de 380 mil beneficiarios, teniendo en cuenta que en el 2015 el programa Progresar había alcanzado casi un millón de beneficiarios”. Asimismo, acusa “la cancelación de la Tarifa Social habilitada para tener el Progresar” y la exclusión de estudiantes extranjeros.

 

Al respecto, el concejal de La Cámpora Matías Murabito remarcó que este decreto es “un ajuste en materia educativa que termina repercutiendo directamente en la posibilidad de acceso en igualdad de oportunidades”, en especial a ciudadanos de bajos recursos, y acusó que se trata de una propuesta que promueve la “meritocracia” y no la “justicia social”.

 

Para ejemplificar esta situación, subió al estrado el presidente de la Federación de Estudiantes de la UNDAV, Gianluca Garbarino Petrone. Mientras tanto, en el palco se encontraban representantes estudiantiles que cantaban consignas a favor de la educación pública.

 

Por su parte, el concejal de Cambiemos Rubén Conde sostuvo que “no existe el discurso ese de que han perdido esta beca, nadie va a perder la beca durante el 2017 que no haya cumplido con la nueva normativa que se plantea para el 2018, es decir, se mantiene una continuidad”. Sin embargo, señaló que “un 40 por ciento de esos 605 mil chicos todavía no aprobaron materias directamente”.

 

“Es un avance, no creemos que sea ‘meritocracia’, creemos que es necesario que el Estado controle, es plata de todos los ciudadanos; por lo tanto, es necesario dárselo a las personas que verdaderamente tienen interés en salir adelante”, afirmó el edil macrista, y en nombre de todo el bloque de Cambiemos, dio así el voto negativo al repudio.

 

Intervención del PJ

 

En otro orden, el recinto discutió un “repudio” presentado por Unidad Ciudadana a la intervención al Partido Justicialista nacional, que ordenó la jueza María Romilda Servini de Cubría poniendo al frente de esa decisión al líder gastronómico Luis Barrionuevo.

 

Quien se pronunció con mayor énfasis en este sentido fue el concejal Pablo Vera: “No hay ningún tipo de argumentación jurídica de valor, sino simplemente es una burda operación política”, afirmó, en el marco de los armados electorales de cara al 2019.

 

“La pregunta es a quién beneficia, y la verdad que, claramente, el Partido Justicialista, más allá de nuestras diferencias, de nuestras dificultades, nos encaminamos a construir un proceso político de unidad”, señaló, lo cual permitiría el año próximo “confrontar al gobierno de Cambiemos”.

 

Por ese motivo, Vera analizó que la decisión de la jueza Servini de Cubría de intervenir el PJ nacional no es un hecho “de carácter voluntario”, sino que “fue presionado en forma directa o indirecta por los intereses del gobierno nacional”.

 

“El gobierno nacional, a partir de su asunción en el 2015, ha perseguido en forma permanente, a través del garrote de la Justicia, la actividad política de este país”, arremetió el edil kirchnerista.

 

En tanto, Rubén Conde contestó como uno de los argumentos de esa intervención que hay afiliados que constituyen minorías dentro del PJ que “se ven diezmados en su posibilidad de participación”.

 

De todos modos, remarcó que se debe respetar “la libertad de interpretación jurídica de los magistrados”, y en relación a esa decisión judicial, sostuvo que los concejales no deberían “intervenir, más allá de dar nuestras opiniones, que no es en términos legislativos”.

 

Otros proyectos

 

También con discusiones en el medio, se aprobó por mayoría un proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo municipal para la creación del programa de Asistencia y Fortalecimiento de Establecimientos Educativos nacionales y provinciales, a través del cual se capacitará a becarios. Para ello, pide habilitación para adquirir insumos, bienes muebles e inmuebles, construir a nuevo, refaccionar, remodelar y ampliar las instalaciones que se utilicen.

 

Además, se dio el visto bueno a un convenio (por un año) de asistencia científico-tecnológica en materia de investigación, desarrollo e innovación entre la Facultad Regional de Avellaneda de la UTN y el Municipio, para hacer un estudio de recorridos y consumos de combustible de los vehículos del gobierno comunal, para lo cual la Universidad proveerá a sus profesionales.

 

Asimismo, el cuerpo legislativo avaló un contrato de comodato (por diez años) con la empresa Maxiconsumo S.A., la cual le prestará gratuitamente al Municipio distintos inmuebles para tareas administrativas, prestación de servicios y/o actividades comunitarias de interés general o bien común, como salubridad, seguridad, educación, cultura, entre otras.

Política Del Sur
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