miércoles 20 septiembre, 2017

Con un acuerdo de “productividad” con el campo, la reforma laboral da sus primeros pasos.

Lo firmaron el Gobierno, las cámaras empresariales y el gremio UATRE. Es para potenciar la producción, y abre la puerta a reformas en los derechos adquiridos de los trabajadores. Desde el Sindicato Argentino de Trabajadores Horticultores y Agrarios (SATHA) criticaron la iniciativa: “No soluciona ninguna de las cuestiones de fondo del sector”. Un estudio alerta sobre una reforma “por goteo”.

Por Diego Lanese

“No hay que temerles a los procesos de cambio, sino adecuarse”. Con estas palabras, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, habló por primera vez de la reforma laboral que impulsará el gobierno nacional, la cual, si bien no fue formalizada, ya nadie niega. Las declaraciones del funcionario dejaron en claro que buscarán “consensuar” las medidas, pero que estas se llevarán a cabo. Con el espejo de Brasil como antecedente más importante, el fantasma de la flexibilización asusta a la dirigencia sindical, que se prepara para dar batalla a la iniciativa, que comenzaría a tomar cuerpo después de las PASO y discutirse con el nuevo Congreso, a partir de diciembre, si al oficialismo le va bien en las urnas.

Pero los primeros pasos de esta reforma ya se dieron. Casi en silencio, hace unos días, el Gobierno logró firmar un acuerdo de productividad para el campo, con el aval de las organizaciones empresariales y el gremio UATRE. El convenio fue el debut oficial del nuevo líder del sindicato, Ramón Ayala, que reemplaza al fallecido Gerónimo “Momo” Venegas, el dirigente sindical más cercano al gobierno de Mauricio Macri. La muerte de Venegas no alejó al gremio rural del oficialismo, y la firma de este acuerdo lo ratifica.

El denominado Convenio de Cooperación para el Fortalecimiento del Sector Rural es un acuerdo entre el sector gremial, el Gobierno -a través del RENATRE- y los empresarios del sector representados por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).

Según pudo saber Política del Sur, el acuerdo apuntaría a “mejorar la competitividad, vía aumento de la productividad, y la mayor formalización del trabajo en el agro”, y consta de cinco cláusulas que buscarían “fortalecer un modelo de crecimiento económico, fomentar la productividad, generar consenso entre todos los sectores involucrados, revisar las estructuras y dotaciones de personal vigentes, y trabajar para la erradicación del trabajo no registrado, la precariedad laboral y el trabajo infantil”.

Algunos de los nuevos marcos regulatorios indican que este “fortalecimiento de la producción” podría terminar con más trabajo sin mayores beneficios para el trabajador, según aseguran algunos analistas. Por ejemplo, en el sector avícola hubo un acuerdo para desregular la actividad nocturna, donde se concentra el trabajo, y se estableció un aumento salarial del 25 por ciento. En la actividad porcina, las partes se comprometieron a tratar a futuro las condiciones de trabajo. Además, se fijaron pautas para el manipuleo y almacenamiento de granos en silobolsa, como la libertad de contratación.

Críticas y advertencias

El acuerdo de competitividad y producción es visto como un retroceso por otros sectores del sector, y como el primer paso de la reforma laboral que inicia el Gobierno. Desde el Sindicato Argentino de Trabajadores Horticultores y Agrarios (SATHA) se quejaron de no haber sido consultados, lo que genera un problema, ya que en la provincia de Buenos Aires es el gremio que tiene los convenios de producción.

“Este fue un acuerdo firmado entre cuatro paredes, nosotros sabemos lo que salió por los medios”, se quejó Gustavo Arreseygor, titular del SATHA. En diálogo con Política del Sur, el dirigente dijo: “Lo veo más como una cuestión de marketing que como algo que lo puedan llevar a la práctica, porque no cambia nada de fondo de la situación del campo”.

Como ejemplo, el dirigente explicó que el convenio no limita la producción de arándanos, y en la provincia de Buenos Aires, “el sector está regulado por el SATHA, que no fue consultada por este tema, por lo que creo que regirá para el resto del país que produce este material”. Para Arreseygor, el tema de fondo del sector es “la cantidad de carga social que paga el productor”, lo que no le permite generar puestos laborales, tema que el Gobierno “no buscó solucionar para emplear más trabajadores, porque no hay problema con el salario, sino con la cuestión impositiva”.

El campo es uno de los sectores con más trabajo precario, por lo que no se sabe cómo impactará este convenio en su regulación. Los datos oficiales hablan de que el trabajo “en negro” es superior al 60 por ciento, e incluso en ciertos sectores podría superar el 80 por ciento. Además, de quienes están “en blanco”, el 50 por ciento tiene remuneraciones inferiores a los 11 mil pesos.

“Hay dos factores fundamentales para que en el campo haya tanto trabajo en negro, primero porque el sector se mueve por oferta y demanda en todas las actividades, no hay precio fijo, y además son todos productos perecederos”, analizó Arreseygor. Según su mirada, el Gobierno “no tiene un plan integral para el campo”. “Para ellos el campo es la soja, porque es lo único les rinde, porque nada genera la riqueza de la soja, pero algún día se va a terminar, y nosotros vamos a seguir en la misma, sin apostar a otras actividades que serían remunerativas”.

Este primer paso puede acelerar la puesta en vigencia de otros acuerdos parciales que inicien la reforma que temen los gremios. Una reforma “por goteo” es una posibilidad que maneja el Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional Atenea, que en un reciente informe analizó los cambios en la legislación laboral del país vecino y su posible aplicación en el país.

“Una reforma con las características que se dio en Brasil sería difícil de aplicar en Argentina, ya que la estructura social en ambos países es distinta”, aseguró el trabajo, al que tuvo acceso este medio. Como ejemplo, el centro aseguró que “si comparamos la tasa de sindicalización del 2008 (año que la OIT presenta información de ambos países), vemos que en la Argentina este índice llegaba al 38 por ciento, mientras que en Brasil era del 22,2 por ciento. A su vez, desde el 2008, en Brasil esta tasa empezó a caer llegando a un 16,6 por ciento en 2013”. “Lo que sí es probable que suceda en la Argentina es que se realice una reforma ‘por goteo’, es decir, que se avance poco a poco para poder ir instalando el tema, generando el clima y los consensos necesarios. La modalidad es instalar el debate en la agenda pública para generar cierta legitimidad, mientras se negocia con los diferentes actores políticos y finalmente se aprueba el proyecto en la Legislatura”, concluyó el centro Atenea.

 

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