sábado 20 octubre, 2018
Actualidad, Opinión

Análisis. Sin respuesta ante los reclamos docentes, Vidal quiere limitar el derecho a huelga

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septiembre 20, 2018

El oficialismo provincial buscará declarar “derecho esencial” la educación y así evitar los paros en el sector. Los gremios rechazan esta posibilidad y recuerdan que las doctrinas de la OIT son contrarias a esto. La Alianza ya intentó este camino, pero no lo logró. La “rebelión” estatal crece, igual que la tensión.

Por Diego Lanese

Luego del secuestro y torturas a la docente de Moreno, nuevos ataques en otras localidades, como el ocurrido el fin de semana en Ramallo, generaron la alerta de los gremios docentes. La tensión aumenta en el conflicto que mantienen con la Provincia de Buenos Aires, y lejos de lograr un acercamiento desde la Gobernación, se tomaron medidas que no hacen más que profundizar las diferencias.

En lo que parece un avance sobre la libertad de los sindicatos, la gobernadora María Eugenia Vidal motoriza un proyecto de ley para declarar “derecho esencial” la educación, lo que limitaría la posibilidad de realizar paros. La iniciativa, presentada por el bloque oficialista esta semana en la Legislatura, fue rechazada por el Frente de Unidad, que recordó que las normas internacionales van contra este tipo de medidas.

Esta nueva disputa se suma a la declaración de la emergencia edilicia en las escuelas, en un contexto donde todos los sectores estatales se movilizan y crecen los momentos de enfrentamiento, como sucedió con la toma del Ministerio de Economía en La Plata.

Luego de 21 días de paro y sin resolver la paritaria, Vidal decidió tirar más leña al fuego, con un proyecto que generó el rechazo de los gremios, que además recordaron que ya en el gobierno de La Alianza se intentó una medida así, pero fue descartado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El proyecto de ley fue presentado por el diputado provincial por Cambiemos Guillermo Castello y contó con el apoyo del presidente del bloque, Manuel Mosca, y del resto del cuerpo del oficialismo. “Se propone que la educación se declare servicio esencial, asemejarlo a otros servicios básicos y considerar que el derecho a la educación es superior al derecho a huelga”, explicó al programa radial Política del Sur el legislador provincial Adrián Urreli, quien negó que se vaya a afectar el derecho a realizar paros. “No se impedirá el derecho a huelga, pero sí que, de aprobarse la norma, serviría para poder llamar a que se den clases y buscar otro método de dirimir el conflicto”, aclaró.

Sin embargo, los gremios no aceptan estas explicaciones y afirman que se trata de un nuevo ataque a la actividad sindical. “La ofensiva de la Gobernadora contra los gremios incluye esta ley, que no es más que una forma de impedir que se ejerza el derecho a la huelga”, le dijo a Política del Sur un dirigente de Suteba, quien recordó que durante el gobierno de Fernando De la Rúa, la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich -hoy titular de la cartera de Seguridad- quiso hacer una propuesta similar. Ante esto, CTERA hizo una consulta a la OIT, que respondió que la declaración de “derecho esencial” de la educación “se contrapone” con las leyes y parámetros internacionales. Lo mismo intentó hacer como jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri, esta vez con el transporte público. La idea era evitar los paros en el subte, pero la respuesta de los organismos internacionales fue la misma.

Al rechazo gremial se sumaron las reticencias planteadas por el Frente Renovador, que impulsó la “emergencia edilicia” en las escuelas, y que en un primero momento no apoyaría esta iniciativa. En este sentido, el diputado Jorge D’Onofrio indicó que la propuesta del oficialismo “fue una maniobra oportunista para limitar el derecho a huelga”.

El bloque que responde a Sergio Massa se manifestará “en contra de este tratamiento aislado”, confirmó el legislador. En contrapartida, se presentó una serie de propuestas para mejorar la educación, que incluyen una especia de “guardia mínima” por turnos.

Pero la iniciativa no fue bien recibida por uno de los gremios. Mediante su cuenta de Twitter, desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) criticaron el “error garrafal” del Frente Renovador, cuyos legisladores presentaron un proyecto para declarar la educación como un “servicio esencial”, y en el escrito confundieron la Ley de Educación provincial con la de Estupefacientes.

“Desde la FEB revisaron la propuesta de D’Onofrio y criticaron que quieren presentar un proyecto para declarar a la educación servicio esencial, y confunden la Ley de Educación provincial con la de Estupefacientes”, dijeron. Además, manifestaron su incomodidad, debido a que desde Cambiemos los acusan de “terroristas y ahora desde el massismo de narcos”.

Siguen las protestas

En medio de la tensión que existe en el sector docente, los estatales de toda la administración pública avanzan en un frente común para enfrentar las políticas de ajuste de Vidal, que no logró firmar con ningún gremio la paritaria de este año, un verdadero récord.

El miércoles pasado, médicos, judiciales, estatales y docentes se movilizaron para denunciar esta situación y para rechazar el pago del 15 por ciento de aumento decidido por el Gobierno, que mantiene la práctica de dar aumentos a cuenta sin un acuerdo final.

“La persistente suba inflacionaria, el alza del costo de vida, el aumento del dólar con su consiguiente traslado a los precios de los artículos de necesidad cotidiana, son golpes que afectan seriamente a amplios sectores de la población. En la semana se conoció el nuevo índice inflacionario correspondiente al mes de agosto, el que se situó en un 3,9 % según los datos que brindó el INDEC. Nuevos incrementos de tarifas en servicios, transportes y naftas son asimilados por los trabajadores sin que los salarios se vean aumentados al menos en una proporción cercana”, afirmó la CICOP en un comunicado.

Durante la jornada, la dirigencia marcó la necesidad de mantener la unidad entre los gremios, ante el avance de la política represiva del Gobierno. Lo que sucede en el Astillero Río Santiago es un ejemplo para los estatales. No sólo por la violenta represión que sufrieron hace unas semanas, sino también por las constantes operaciones que existen en torno a su funcionamiento, que cuentan con la complicidad de algunos medios. La toma del Ministerio de Economía fue presentada como un “hecho violento”, cuando en realidad el Gobierno incumplió con su palabra. Además, días atrás se había informado a los empleados que el astillero dejaría de comprar insumos y no terminaría los trabajados iniciados.

Así lo confirmó a Política del Sur Francisco Banegas, de ATE-Ensenada, quien se quejó de que luego el ministro Hernán Lacunza los acusó de “no hacer un barco en diez años”, pero días atrás fueron los propios funcionarios los que paralizaron la actividad.

El temor a una escalada represiva sobrevuela el conflicto estatal en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. La decisión de utilizar fondos de salud y educación para reforzar partidas de seguridad, bajo la medida administrativa 1605/18, firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, es la punta para entender que se espera un fin de año conflictivo.

Política Del Sur
Redactor
Política del sur es un medio de comunicación radial, impreso y digital que trata temas políticos, gremiales y sociales de la tercera sección con la verdad como bandera. Más de 10 años de trayectoria avalan nuestro profesionalismo y conocimiento sobre la materia contando como nadie todo lo que ocurre en la zona sur. Por eso podemos decir que la nuestra es La verdad. Bien contada.

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